Se buscan jueces valientes

El Ministerio Público abusa de su poder en nombre de una supuesta cruzada contra la corrupción y utiliza la prisión preventiva como condena previa. Eso se sabe. Lo grave es que lo hace con la complicidad de jueces que renuncian a ser terceros imparciales, responsables de salvaguardar el debido proceso y los derechos de los procesados. Acobardados ante las amenazas mediáticas de fiscales que proclaman una independencia tan inexistente como el blindaje de las pruebas y presupuestos que sostienen sus acusaciones. 

El Poder Judicial ha tenido momentos mejores que otros, y siempre hubo y habrá jueces que se tuerzan, se corrompan o se acobarden. Sin embargo en los últimos años la involución ha sido palpable, y la actual subordinación a los caprichos del Ministerio Publico tienen a la judicatura atravesando un momento de vergüenza sin precedentes.

Las víctimas más recientes de esa sumisión fueron Hugo Beras y Jochy Gómez. Ambos con arraigo y que no representan peligro de fuga ni riesgo para las investigaciones. Pero se preparó un sainete con allanamientos abusivos y traslados espectaculares con el fin de condicionar a la opinión pública y brindar terreno fértil para que un sello gomígrafo de jueza otorgue una desproporcionada prisión preventiva.

No importaron los constantes precedentes que se tienen ante este tipo de pena anticipada, que cuando eventualmente caduca o es revocada, los acusados comparecen sin problemas a todo el resto del proceso. Ni se fugan ni obstruyen. Sin embargo, como otros antes, la juzgadora complació la excesiva y arbitraria petición y envió los imputados al calabozo por dieciocho meses.

Una actuación genuflexa y cobarde que necesariamente conduce a reflexionar sobre la falta que hacen jueces con la valentía que siempre exhibió Miriam Germán Brito. Reflejada en el voto disidente que emitió en la apelación de las medidas de coerción del caso Odebrecht. Que tenía el mismo perfil y se condujo con un guion similar a este, y que como se recuerda desató la furia de un procurador petulante.

Toca a los jueces de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocer sobre el recurso de apelación a la injusta decisión de enviar a la cárcel a Beras y a Gómez.

Pueden juzgar como muchos de sus colegas, y mantener una absurda medida de coerción por temor a las represalias de los fiscales y los ataques de sus acicates mediáticos.

O por el contrario, pueden actuar con el mismo sentido de justicia que demostró la entonces presidenta de la Segunda Sala de la Suprema, y asumir las consideraciones de aquel voto recogidas en este fragmento: “Ante la existencia del arraigo y la inexistencia del peligro de fuga, me inclino por un tipo de medida que no sea la prisión preventiva ni el arresto domiciliario”.

Y hacerlo con la dignidad y gallardía que expresa este otro: “Yo sé que este voto puede echarme un montón de descalificaciones, rumores e insultos alevosos, por iniciativa propia o por encargo, pero mal juez seria yo si dejara de actuar conforme a la Constitución y las leyes, y conforme a mi conciencia, frente una sentencia que considero vulnera derechos fundamentales… ¡Es cuanto!”