La eterna vaina migratoria

La prensa de esta semana ha estado dominada por el histórico proceso electoral de Estados Unidos, que retorna al polémico Donald Trump a la Casa Blanca para ejercer un segundo mandato a partir del 20 de enero 2025. Escoltado por un Congreso federal controlado en ambas cámaras por los republicanos y un mapa de gobernadores estaduales teñido del rojo del Grand Old Party (GOP), que le otorgan una cómoda ventaja para aplicar sus propuestas, a lo cual se suma una Suprema Corte favorable.

Entre los factores que incidieron en el triunfo de Trump figura su línea dura respecto al tema migratorio. Ya amenazando a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con colocar un impuesto de 25 % a las importaciones procedentes de esa nación, en caso de no tomar acciones más contundentes para frenar el flujo de inmigrantes en manada que presionan desde la frontera binacional. Así como anunciando un programa de deportaciones masivas –“el mayor de la historia de Estados Unidos”- que despeje el suelo estadounidense de la presencia de indocumentados, calculados en un mínimo de 11 millones durante el único debate televisado que Trump y Kamala Harris sostuvieran.

En la ocasión y a lo largo de sus comparecencias peinando el país, el líder republicano acusó a pandillas de ilegales -y en particular a una integrada por venezolanos que habrían irrumpido armados en un edificio en Aurora, Colorado- de ser responsables del incremento de los índices de criminalidad en las ciudades y pequeñas comunidades, generando conflictos y problemas de seguridad ciudadana. Ante lo cual, afirmó: “enviaríamos escuadrones de élite de agentes de la policía, patrulla fronteriza y agentes de la ley, para perseguir, arrestar y deportar, a todos los miembros de las bandas de inmigrantes ilegales hasta que no quede uno solo en este país”.

Es dable suponer que este propósito, sin que necesariamente formen parte de bandas delincuenciales, representaría un riesgo inminente para aquellos dominicanos y haitianos que se hallan en condición de ilegalidad, ya por haber ingresado al país sin la documentación apropiada o por violar los términos que regulan su estatus legal. Ello aplicaría por igual a otros latinos, siendo los mexicanos los de mayor volumen con un 45 % del total de 11.3 millones de personas que se estima residían sin autorización en 2022, según cifras del Instituto de Políticas Migratorias de Estados Unidos.

Acercando así a los hogares de los inmigrantes el rostro feo de la deportación de esa tierra de promisión, que con justeza JFK calificara Una Nación de Naciones en su célebre ensayo, al aludir a la rica diversidad étnica y demográfica de su población y al tan celebrado melting pot que caracteriza su cultura. Paradójicamente, Latinos for Trump jugó un relevante rol en el triunfo trumpista. Como quedó registrado entre los electores de género masculino clasificados Hispanic/Latino, quienes votaron 54% a favor del republicano frente a 44% que lo hicieron por la candidata demócrata. Representando este segmento el 6% del voto depositado en urnas en el marco de unas elecciones sumamente disputadas, que de acuerdo con los pronósticos de las encuestas de preferencia electoral, se decidirían con los resultados en los 7 swing states en competencia cerrada.

El otro tema, de índole insular, que ha gravitado en los titulares de los medios impresos y digitales -aparte la comidilla local generada por la insólita circular del ministro del MAP-, ha sido el rifirrafe, como dicen los españoles, entre la bonita canciller haitiana Dominique Dupuy y nuestra talentosa titular de la cartera de Interior y Policía, la gallarda exsenadora Faride Raful. El tema, uno prácticamente eterno concerniente a las relaciones entre los dos países que anidan en “la isla que más amó Colón”. Enardecido el debate a raíz de la proclama que leyera el vocero estratega gubernamental, Homero Figueroa, al anunciar la operación de deportación semanal de unos 10 mil nacionales haitianos indocumentados o en condiciones de ilegalidad, en respuesta legítima al desbordamiento demográfico de ese personal en nuestro territorio.

La canciller Dupuy habría tomado como bandera a flamear a nivel internacional la denuncia del operativo de República Dominicana para “reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas y que se llevará a cabo bajo estrictos protocolos que aseguren el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los repatriados”. Presentándolo como violatorio a los derechos de sus connacionales, desde que fuera anunciado el 2 de octubre 2024, tras reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional encabezado por el presidente Abinader, presentes el canciller Álvarez, los jefes militares, policiales, antinarcóticos y de la Dirección General de Migración (DGM). Al frente de ésta el experimentado oficial naval Lee Ballester, ex director del C5i de inteligencia del MIDE.

Como movida por un resorte disparador, la joven canciller Dupuy se trasladó a Estados Unidos, instruyendo a su embajador ante la ONU en New York. Visitó Washington para reunirse en la OEA con el secretario Almagro. Acudió al Departamento de Estado y recabó apoyo entre entidades de derechos humanos. Al tiempo de denunciarnos -como atestigua un video que circula en las redes- por presuntamente violar derechos y discriminar por raza, ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), UNICEF, UNESCO, CARICOM. En una vehemente carrera de protagonismo individual que disgustaría a miembros del Consejo Presidencial, como su presidente Leslie Voltaire, quienes se inclinarían por una línea de diálogo constructivo bilateral con la República Dominicana, en lugar de confrontaciones inútiles.

Fruto de la campaña llevada a cabo por la canciller Dupuy -exembajadora ante la UNESCO-, ésta se atribuye haber frenado, mediante supuestas presiones de sus aliados internacionales, el impulso de las autoridades dominicanas en la ejecución del operativo de deportación de indocumentados. Afirmación refutada frontalmente por la ministra Raful. Respondida por la DGM, al informar que suman unos 61 mil los nacionales haitianos deportados desde el 3 de octubre, de los cuales 43,148 corresponden a los operativos realizados y 14 mil 970 se acogieron al retorno voluntario. Antes, en septiembre, la cifra alcanzó los 27 mil. Siendo devueltos a su país de origen, entre enero/octubre del 2024, unos 406 mil extranjeros.

Bajo la administración del presidente Luis Abinader, sin estridencias, se ha llevado a cabo una sistemática política de repatriaciones sin precedentes, como lo revelan las cifras oficiales. En 2021 se registraron 165 mil reconducidos, de los cuales 44 mil fueron deportados, 41 mil repatriados y 79 mil 428 retornados voluntariamente.  Al siguiente año, la cifra escaló a casi 232 mil, sumatoria de 122 mil deportados, casi 49 mil repatriados y 59 mil 704 retornados. En el 2023 fueron 487 mil 692, clasificados 174 mil 602 deportados, 76 mil 409 repatriados y 246 mil 678 que regresaron por voluntad propia.

Volúmenes tan significativos indican una voluntad política, que todavía para sectores de opinión resultaría insuficiente, ante la avalancha descontrolada de ilegales, su proliferación visible en múltiples esferas de la economía, la gravitación en los servicios de salud y educación, así como la porosidad de la frontera que la hace sumamente permeable, al operar allí una fluida puerta revolvente. Convertida la franja en vértice de un tráfico de bienes y personas que alimenta un vigoroso segmento de la economía subterránea.

Pero nuestro país no es sólo receptor, también lo es emisor y en grande, en este fenómeno que mueve etnias diversas por el mundo. La ONE publica en su portal un cuadro de la población dominicana radicada en el exterior por país de residencia, que comprende los años 2021, 2022 y 2023, cuya fuente es un Informe Sociodemográfico del MIREX. Tomando el último año, existirían unos 2 millones 845 mil dominicanos fuera de su país, siendo Estados Unidos el de mayor peso con 2 millones 396 mil, representado el 84 % del total. Seguido en rango por España, con 193 mil, Puerto Rico, 54 mil, Italia, 28 mil 812, Canadá, 22 mil 125, Chile, 19 mil 489, Países Bajos, 17 mil 413, Venezuela, 11 mil 399, Francia, 8 mil 613 y Argentina, 6 mil 416, entre otros destinos.

Asumiendo como válidos los datos del Censo de Población del 2023 (de precaria fiabilidad por subregistro notorio), que arrojaron 10 millones 709 mil habitantes, y aceptando los aportados por el Informe del MIREX, los 2 millones 845 mil que residirían fuera del país, equivaldrían al 26% de la población radicada en nuestra media ínsula. De los cuales el grueso (84 %) vive, legal o ilegalmente, en el territorio del Coloso del Norte. Cuyo inquilino de la Casa Blanca a partir del 20/01/25, se propone realizar una barrida de indocumentados, empleando todas las herramientas a su alcance. Cumpliendo un compromiso de campaña.

Se estima en 46 millones los inmigrantes, de los cuales más de 11 millones indocumentados. En 2022 PEW Research calculó en 230 mil los dominicanos no autorizados, el 5to grupo entre latinos.

A raíz de un meteoro en formación al oeste de nuestra isla, que terminaría afectando a Cuba, se habló en los centros que monitorean estos fenómenos y los servicios informativos especializados, de los huracanes o ciclones zurdos, consistentes en sistemas que desarrollan un desplazamiento de oeste a este o hacia el noreste. A diferencia de aquellos que se originan como ondas tropicales en las costas del Norte de África y van ganando fuerza en su trayecto por el Atlántico, hasta llegar por el este a las aguas cálidas del Caribe y arrasar con todo en su ruta destructora.

Quiera Dios, digo yo rogando a Tatica para que interceda protectora, que no nos venga un ciclón zurdo desde el norte bravío de Trump y nos deposite a contramarcha, como si fueran piezas de sargazo, a nuestros pobres compatriotas indocumentados. Ojalá, si así fuere y dado el caso, que el bueno del boricua John Morales nos alerte a tiempo de la llegada de este meteoro demográfico y sus alcances.