Otro sainete engaña bobos

Lo de este Ministerio Público es un reiterado espectáculo de mal gusto que lamentablemente afecta de forma severa las vidas y los derechos de las personas. Bautizaron la nueva farsa como Operación Camaleón, nombre adecuado por aquello del cambio de pieles. Y no precisamente de los encartados, sino de los títeres y sus titiriteros. Todos saben que a quien atribuyen la condición de “columna vertebral” de un supuesto entramado de corrupción, el ex director del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre Hugo Beras, no es más que un daño colateral de una batalla que durante casi dos años vienen librando personas ligadas a los servicios de inteligencia del estado.

Sin entrar en consideraciones sobre la validez de las denuncias de supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación del sistema semafórico del Gran Santo Domingo, desde el principio se evidenció que tras ese escándalo operaba una articulación de gente del propio gobierno. Incluidas entidades con evidentes fallos en su labor preventiva como la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y la Contraloría General de la República.

Y un Ministerio Público que ahora entre a escena con su habitual sobreactuación, que privilegia el abuso sobre el debido proceso y apuesta por el condicionamiento mediático en lugar de la solidez del caso y sus evidencias probatorias.

En su circo desprecian los derechos fundamentales. Producen un allanamiento abusivo y arbitrario con agentes portando armas automáticas y pasamontañas, como si se tratara del más temido de los mafiosos. En el cual Hugo Beras no sólo fue desconsiderado frente a su esposa e hijos, también se le negó la asistencia de su abogada en abierto atropello a sus garantías constitucionales.

Un operativo absolutamente innecesario, primero porque Hugo siempre ha mostrado disposición para colaborar con las indagatorias, pero además porque un caso de estas características no precisa la imposición de la abusiva prisión preventiva.

Aunque para los fiscales actuantes ni sus mandantes importan arraigos ni imposibilidad de fuga o de afectar investigaciones. La función teatral se ofrece en estas salas judiciales. La puesta escena requiere presentar a los encartados con cascos y chalecos antibalas, y el guion necesita una solicitud de medidas de coerción voluminosa, con una narrativa perturbadora que prensa y voceros afines repetirán hasta escandalizar y condicionar a la opinión pública. Y a modo de epílogo, monologo de los paladines togados sobre el “blindaje” de la acusación.

Un montaje que procura abonar el terreno para que un juez servil o cobarde envíe los acusados al calabozo.

Pero como sufren de la ceguera que produce la arrogancia del poder, no advierten que ya la sociedad les vio el refajo. Y no sólo condena cada vez con más energía estos abusos, tampoco se distrae con pantomimas para engañar bobos.

El sainete no les exime de explicar como un “contrato suspendido” continuaba en vigencia, al punto que la empresa cuestionada tuvo la capacidad de producir un apagón semafórico. Ni aclarar lo relativo a una contratación que cede a manos privadas aspectos relativos a la seguridad nacional, que supuestamente nunca se materializó, pero aparentemente se encontraba en plena ejecución.