Fiscales diferentes, otros resultados

El jurado de una corte federal en el distrito sur del estado de Nueva York declaró culpable de dieciséis imputaciones penales al senador demócrata Bob Menéndez. Entre los cargos se encuentran algunos tan graves como soborno, extorsión, fraude electrónico, obstrucción de la justicia y actuación como agente extranjero. Las penas totales que podrían recaer sobre el legislador suman más de doscientos años de cárcel. Y todo el proceso, desde las primeras investigaciones hasta el veredicto alcanzado hace algunos días, se completó en un periodo menor a dos años.

Cinco fueron los acusados originales, Menéndez, su esposa y tres empresarios, uno de los cuales negoció con los fiscales y alcanzó un acuerdo de colaboración, que seguro atenuará la gravedad de sus penas, pero que bajo ningún concepto conllevará su total absolución. El juicio se prolongó por un total de 9 semanas, y el fardo probatorio presentado por los fiscales incluyó decenas de miles de dólares en efectivo y en lingotes de oro decomisados en allanamientos realizados en la residencia familiar del senador, así como testimonios de más de 30 personas.

Todos los cargos contra todos los imputados, todas las pruebas documentales y testimoniales y la narración de los hechos se encuentran pormenorizados en una acusación de sólo treinta y nueve páginas, en la que se describen con detalles lo que esos fiscales califican como “una estructura de corrupción a gran escala”.

Obvias y marcadas diferencias con lo que ocurre en el país con la lucha contra la corrupción que dice librar el llamado “Ministerio Público Independiente”. Cuyos procesos se caracterizan por incluir a decenas de imputados, entre ellos cualquier cantidad de empresas o razones sociales; por acusaciones compuestas de miles y miles de páginas, atiborradas de relatos repetitivos y datos intrascendentes que abultan los expedientes; sumas desorbitadas y estrafalarias de dinero supuestamente estafado al estado; e imputados con cascos y chalecos antibalas y cajas plásticas repletas de “medios probatorios de expedientes blindados”, paseados por los pasillos de edificios judiciales para ser exhibidos ante la prensa.

Y si bien se entiende que existen diferencias procedimentales entre los sistemas judiciales estadounidense y dominicano, es en el proceder y las maneras de los fiscales que dirigen la persecución penal donde radica la razón fundamental por la que el veintinueve de octubre los imputados en el caso Menéndez escucharán sus respectivas condenas; mientras por aquí, casi cuatro años después del inicio de los “casos moluscos” de supuesta lucha contra la corrupción, los procesos discurren perezosos de aplazamiento en aplazamiento, y los más adelantados apenas se encuentran en la fase inicial del juicio de fondo.

Es el palpable contraste entre fiscales que sin importar el alto perfil político o mediático de un caso, preparan expedientes en procura de condenas en los tribunales. Y otros que dan la espalda a todos los principios y formalidades del debido proceso, y abrazan el populismo penal en busca de condenas en los “tribunales de la opinión pública”, para soliviantar y condicionar a una población cuyas alabanzas, vítores y aplausos sirven de alimento para sus inflados egos.