Poco rédito, mala inversión

Tal como presagiaban todas las encuestas reputadas, el Partido Revolucionario Moderno obtuvo una contundente victoria electoral que le otorga control absoluto sobre todos los poderes públicos. A la presidencia se suma una mayoría calificada en ambas cámaras legislativas, y en consecuencia el total control de los procesos de selección de los órganos autónomos constitucionales y las altas cortes.

Abinader se reúne este lunes con el papa Francisco Y apuntó que el próximo cuatrienio lo dedicará a viabilizar las grandes transformaciones que el país reclama.

Preocupa sin embargo que la constitucional sea la primera reforma que el presidente coloca en la agenda nacional. Pues se trata de la menos urgente y la que menos afecta los problemas estructurales de la economía dominicana y nuestro tejido social. Y podría ser, por su contenido político, la que mayor esfuerzo consuma y desgaste genere, dejando pocas energías para afrontar las demás.

Según ha planteado, las dos cuestiones que motivan al presidente a impulsar la modificación a la Carta Magna son la necesidad de constitucionalizar la independencia del Ministerio Público, y el establecimiento de candados para evitar que en el futuro otros gobernantes modifiquen la forma de elección presidencial para perpetuarse en el poder.

Ambas baladíes. La primera por innecesaria, pues la ley contempla esa aducida independencia; y la segunda, por resultar tan postergable como muchos otros ajustes que requiere la Constitución.

Por lo que parece evidente que se trataría de una mala inversión de capital político, cuando lo prioritario son reformas como la fiscal, eléctrica, laboral y educativa… Y esas van a costar.

Las discusiones sobre el régimen contributivo partirán de un incremento de la carga fiscal en torno al cinco por ciento del PIB, aún sea de forma progresiva. Y seguro afectará tanto la base imponible como la tasa del ITBIS, además de otros tributos como las rentas a personas físicas y a la propiedad. Reformas del mismo perfil de las que hace algunos meses provocaron manifestaciones multitudinarias en las calles colombianas.

Lo más probable es que en el sector eléctrico el punto de partida será retomar el ajuste tarifario suspendido a mitad del año 2022. Y seguro se planteará la participación del sector privado y sus capitales en las empresas distribuidoras, lo que arrastrará la populista discusión sobre la “privatización”.

Los ajustes a las legislaciones laboral y de seguridad social tendrán un alto costo, y salir del círculo vicioso que profundiza la deplorable calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, conllevará enfrentar los enormes y diversos intereses que se alimentan del jugoso presupuesto que maneja Educación.

Como puede apreciarse, abordar con determinación cada una de estas tareas consumirán muchas horas de consenso y labor congresual, y provocará fricciones políticas y sociales. Por tanto, no parece sabio arrancar la gestión dilapidando buena parte del capital obtenido el 19 de mayo en una reforma constitucional, que, de momento, solo parece importante para el presidente Abinader. Que, además, si mantiene su apego a su palabra de no procurar una nueva repostulación, generaría poco o ningún rédito político.