Disparo al pie

Entre las virtudes de los motores de búsqueda está remediar, en tiempo infinitesimal, nuestras dudas y fallos de memoria. Tecleas el tema del que procuras detalles y, antes de que termines de pulsar, en la pantalla del equipo aparece una cantidad abrumadora de enlaces. Tienes para escoger.

Desde luego, y concretamente en el caso de figuras públicas, los hay que actúan a la inversa del desmemoriado que usa la tecnología para exhumar hechos. Recuerdan cabalmente, pero se empeñan en proceder como si sus huellas fueran irrecuperables. Sucede así con la mayoría de los políticos: están persuadidos de poder borrar el pasado con solo cambiar de discurso. Craso desacierto porque, pese a ellos, existe internet, infinita y accesible hemeroteca.

El pasado martes, una comisión tripartida opositora viajó a Washington para denunciar ante la OEA falencias electorales que vulneran el equilibrio del proceso. Nada que objetar; no solo tienen pleno derecho de hacerlo sino que es sano que los actores políticos sean intransigentes con los daños, grandes o pequeños, infligidos a la democracia. Pero la información periodística sobre la visita provoca una molesta percepción de déjà vu que obliga a indagar para poder cambiarla en certeza.

Fue eso lo que hicimos. Google nos permitió retroceder hasta el período enero-mayo de 2008 y, después, a los mismos meses de cada cuatro años hasta hoy, convenciéndonos de que nuestra impresión no era un episodio de paramnesia.

La misión de observación de la OEA recibió en ese 2008 denuncias del uso de recursos públicos con fines electorales, compra de votos, retención de cédulas, proselitismo fuera de los plazos legales, etc. Los observadores dieron seguimiento a los casos ante la JCE y la Procuraduría General de la República, encabezada entonces por Radhamés Jiménez Peña. La respuesta recibida de él fue desalentadora: les dijo, entre otras cosas, que al organismo electoral le era muy difícil «procesar a instituciones o individuos por delitos electorales a falta de acervo probatorio» y echó en falta la figura del fiscal electoral, que ahora existe.

Las elecciones del 2012 promovieron iguales querellas. Lo mismo las de 2016 y 2020, como se comprueba con tan solo guglear. En este 2024, las conocemos por anticipado porque forman parte de la estrategia electoral opositora que ya pronunció similares quejas en febrero pasado. ¿Les falta razón a los denunciantes? No exactamente. Algunas de las cuestiones planteadas son demostrables sin gran esfuerzo, aunque en muchas otras se pasaron tres pueblos.

Lo triste es que, aspavientos al margen, los males denunciados son reales y, peor aún, practicados por partidos que solo los ven cuando les toca el turno. Tal conducta tiene un efecto perverso en la democracia electoral: al instrumentalizar el recurso de impugnación de prácticas políticas desleales, crean desconfianza y debilitan el sufragio como expresión de la voluntad ciudadana. Un certero disparo al pie.