Una auditoría obligatoria

Yo creo que el voto automatizado que se utilizó en las primarias del pasado 6 de octubre pasó la prueba.

Pasó la prueba del uso por parte de los votantes que lo pudieron manejar con mínimos problemas y votaron más de dos millones de personas en los dos partidos.

Pasó la prueba del conteo pues los datos del conteo manual y el electrónico no mostraron diferencias significativas, y pasó la prueba de la transmisión de los datos que pudieron ser transmitidos casi concomitantemente con el cierre de las respectivas mesas de votación.

Por otra parte, hasta ahora nadie ha podido probar que el sistema es ineficiente.

Pero, al objetarse los resultados y siendo todavía lo digital-electoral un tema que despierta suspicacias por la relativa facilidad de intervención por parte de extraños, o de manipulación interna, aunque eso no se ha probado pero se ha insinuado, es indispensable que el sistema sea sometido a una auditoría que lo desnude y demuestre fehacientemente que operó con eficiencia o, de lo contrario, que debe ser mejorado.

La Junta Central Electoral tiene la obligación -y así se ha comprometido- a contratar una firma internacional con prestigio y experiencia en este campo, para que haga la auditoría forense del sistema. Solo así el sistema podrá ser usado en las próximas elecciones y solo así la JCE podrá librarse del escarnio de haber utilizado más de mil millones de pesos del erario en un proyecto que no reunía las condiciones de idoneidad necesarias.

Cualquier objeción antes de esa auditoría es extemporánea, provenga de donde provenga.

Acepto la buena fe de la Junta, pero la prueba manda.