La ley en la República Independiente del Este

El conflicto entre los transportistas y taxistas del Este y UBER no es tan sencillo como limitarlo a una cuestión de pago de impuestos. Sí, es verdad que UBER ha tenido (y tiene) que resolver asuntos impositivos en muchos países y que todavía discute si es una plataforma tecnológica o una empresa de taxis y si los conductores son empleados...

Pero aquí en Santo Domingo opera. ¿Por qué en La Altagracia no? ¿Viven en la República Independiente del Este? ¿Las leyes que aplican en la capital no aplican allá? ¿Son los taxistas del Este un poder o un cuerpo de choque con capacidad de torcer el brazo al gobierno? Eso parece.

Hay que recordar que empresas establecidas (como Metro Tours) no pudieron abrir rutas hacia Punta Cana en 2018 aunque el Intrant en aquel momento lo autorizó. O que Asonahores aplaude la idea de que Uber se atenga a los requisitos legales pero que de paso pide que “(...) los taxistas que ya están registrados dejen a las autoridades gestionar esta situación y renuncien a la práctica de defender su posición en el mercado con confrontaciones y desórdenes que dañan la imagen del destino y arriesgan la seguridad del turista.”

De la lucha sindical pasaron a defender un monopolio empresarial hasta dar su salto a la política, desde donde dictan las reglas. Para eso están ya en el Congreso unos y dirigen el Intrant otros. Y recordar que estos grupos en determinados momentos han obligado a algunos hoteles a contratar sus servicios impidiendo incluso que pudieran tener su propio sistema para trasladar a sus huéspedes.

Esa es la historia: a la fuerza han conseguido imponer un monopolio.

(A la fuerza quiere decir pedradas si hace falta.)