Odebrecht ha conseguido despertar una reacción que otros casos de corrupción no había logrado. El enriquecimiento de una clase política aliada a grupos empresariales se ha cuantificado, se han identificado procesos y protagonistas. Se ha confesado el flujo entero: licitación, adjudicación, aprobación en el Congreso, sobreprecio, adendum...

Odebrecht ha mostrado a escala mundial cómo hacer la trampa de forma tan legal que casi sea imposible desmontar el apaño. Todo muy transparente, todo ante nuestros ojos. Aplicando la lógica Odebrecht a otros contratos, habría que reabrir unos cuantos casos. ¿Cuántas empresas, cuántos contratos, cuántos funcionarios, cada uno en su despacho, nos han hecho pagar de más?

La corrupción no sólo enriquece a algunos, sino que empobrece a todos. Esta es la lección; antes sabíamos la teoría, ahora tenemos la realidad ante los ojos. Los préstamos que el Congreso aprueba para pagar la obra, su sobreprecio y el soborno... nos empobrece.

¿Qué margen de acción tiene el PLD? ¿Cómo puede convertir este caso en uno más de los que se traspapelan, engavetan o desestiman? ¿Jugar al tiempo? ¿Elegir un chivo expiatorio? ¿Sacrificar a un peón? ¿A un alfil...?

Odebrecht debe ser el punto de inflexión para entender la corrupción de una manera más estricta. Entender que el Congreso no cumple el papel de fiscalizar y controlar al Ejecutivo y que el poder Judicial tampoco se ocupa de lo que debe ser su prioridad. ¿No deberían estar los legisladores, nuestros representantes, encabezando investigaciones, dando información?

La pobreza no puede seguir siendo la excusa para dar a los políticos tanto poder sobre nuestras vidas.

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