Banda ancha

El 90 % de las llamadas delictivas se hacen desde las cárceles, con particular eficiencia desde los centros de La Vega, Azua, Higüey y Santiago.

Cualquiera pensaría que las cárceles no tienen problemas de tecnología (aparentemente están bien servidas de banda ancha) sino de vigilancia. Que los presos gozan privilegios no autorizados con absoluta libertad y que los guardias hacen bastante mal su trabajo. Parece ser que en el ecosistema penitenciario se logran negocios lucrativos para todos los que coexisten en el recinto. Emprendimientos, que se dice ahora.

Nada nuevo: son un problema y una "solución" cíclicos. Que se recuerde, el primer "intento" tuvo lugar en 2011 con un decreto firmado por el expresidente Leonel Fernández.  Entonces era y ahora es un asunto carcelario y no de Indotel, que ha dispuesto 300 millones de pesos para bloquear la señal.

¿No sería más lógico requisar los aparatos introducidos ilegalmente y exigir a los guardianes de la cárcel que cumplan con su deber? Si no es más lógico, desde luego es más barato. Y es lo exigible. El sistema carcelario tiene muchos problemas, pero estos no se arreglan invirtiendo dinero en las consecuencias sino actuando sobre las causas.

Algo muy profundo falla cuando los presos estafan desde sus celdas y militares venden las municiones. Se llama corrupción y no hay anuncio de conferencia internacional en el país que disfrace la realidad.

Bloquear –o anunciar que se bloqueará-  la señal es el reconocimiento implícito de que las autoridades no consideran posible contener el problema. Que se sienten incapaces de controlar a la población en presidio. O que les da igual. 

Llamar a los presos "privados de libertad" suena muy humanitario. Quitarles el teléfono personal no es una crueldad; es simplemente proteger a los que estamos fuera y cumplir y hacer cumplir la ley.