No es el pacto, es la ley

Pactos nacionales no han faltado. Pacto por la Educación, Eléctrico, Fiscal… Nos gusta pactar porque nos hace quedar bien. Y porque sabemos que no pasa gran cosa si luego no se cumple lo firmado. Amamos la idea de un Consejo Económico y Social donde pasar largas jornadas discutiendo el pasado, presente y futuro en power point. Hicimos una Casa Nacional del Diálogo en la que sentarnos a conversar en aire acondicionado. Nada más inclusivo, transversal y democrático que pactar, diría un teórico… Y nos gusta porque es mejor un exceso de pactos que la falta de diálogo.

El problema no son los pactos. El problema es que no pasa nada si no se cumplen.

Pactar implica una negociación previa y al menos dos bandos para la rúbrica de los acuerdos. Que los firmantes sean representativos del área que se concierta. Como no sabemos exactamente en qué se concreta el Pacto Nacional por la Seguridad Vial es imposible no darle la bienvenida. Todo ayuda, es verdad.

Aceptemos de una vez que el gran problema de la muerte en las carreteras es que la ley 63-17 (de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial) no tiene quien la haga cumplir. Se llama impunidad.

Si eso se remedia, el Pacto Nacional por la Seguridad Vial quizá no termine en una gaveta. Pueden firmar la AIRD y Asonahores y pueden contribuir las empresas privadas con “patrocinios para implementar acciones de seguridad vial”, como dice la página de Presidencia. Puede darse educación vial en las escuelas y mejorar la tecnología…

Pero nada de eso impide a los motoristas volar por las aceras, a los camiones surfear a 120 km/h por las autopistas y a cualquier vehículo sortear un tapón en vía contraria.

(Ni siquiera es la ley, es la impunidad.)