Airbnb: más preguntas

La declaración del ministro de Turismo sobre los Airbnb y su posible fiscalización ha caído mal entre los constructores. No deben gravarse, defienden desde Acoprovi.  La demanda de nuevas construcciones para alquiler turístico de tiempo corto ha sido en los últimos años uno de los motores de su sector.

Pero el tema tiene bastantes más ángulos que las ganancias de los  ingenieros. Y más afectados (en un sentido u otro) que los hoteleros. ¿Cómo altera este sistema de alquiler la vida de la ciudad o del pueblo? ¿A quién perjudica, a quién beneficia? ¿Cómo transforma la vida en los condominios, en los edificios, en los sectores? ¿Los alquileres en estas plataformas gentrifican o arrabalizan? ¿Sostienen a una clase media o facilitan la evasión de impuestos? 

¿Qué garantías de seguridad y sanitarias puede esperar el que se hospeda? ¿Por qué no pagan impuestos los que los ofrecen? ¿Cómo está afectando el precio de alquiler de la vivienda para  las familias dominicanas? ¿Cuánto se ha reducido la oferta destinada al alquiler de larga duración?

¿Qué experiencia se ha vivido en otras ciudades? ¿Qué decisiones se han tomado? ¿Pueden los vecinos de una calle, una junta de vecinos o la administración de un edificio oponerse a que otro vecino imponga este negocio? ¿Qué autoridad controla los problemas que se pueden suscitar en estos arrendamientos?  ¿Basta esa decisión de Airbnb de prohibir las fiestas? ¿Quién es responsable?

Hay ciudades que han prohibido este tipo de negocio,  otras exigen licencias para controlar su número. Limitar el número de días al año que se puede ofertar, imposición de ciertas tasas e impuestos, restricciones al número de ocupantes. Obligatoriedad de registrarse como empresa...

Las ciudades se acomodan o defienden de un fenómeno al que hay que mirar con detenimiento.