Los disturbios en Nueva Caledonia están vinculados a viejas heridas coloniales

El 13 de mayo estallaron disturbios mortales en la capital de Nueva Caledonia, Numea, cuando París se disponía a votar la imposición de nuevas normas que podrían otorgar el derecho de voto a decenas de miles de residentes no autóctonos.

En virtud de la legislación acordada en el marco del Acuerdo de Noumea de 1998, que allanó el camino a la descolonización, el derecho de voto en las elecciones provinciales y los referendos locales se limitó a los nativos y a los que habían llegado al archipiélago antes de 1998, junto con sus hijos.

La idea era dar mayor representación a los indígenas canacos, que se habían convertido gradualmente en una población minoritaria tras las oleadas migratorias europeas.

En la actualidad, los canacos representan alrededor del 44% de los 270.000 habitantes del territorio. El 34% son europeos (en su mayoría franceses), y el resto está formado por otros grupos minoritarios, como valacos y tahitianos.

Excluidos del voto

Las restricciones al voto excluían de hecho a los recién llegados al territorio y a los nacidos allí después de 1998, alrededor del 20% de la población actual.

París lo considera antidemocrático. El 14 de mayo, una mayoría de legisladores, principalmente de derecha y extrema derecha, aprobó una enmienda constitucional para “descongelar” el censo electoral, de modo que incluyera a las personas que llevan viviendo en Nueva Caledonia al menos 10 años.

“Supone unos 25.000 ciudadanos más en el censo electoral, principalmente franceses”, explica Isabelle Merle, historiadora del colonialismo especializada en Nueva Caledonia.

Aunque los partidos independentistas han aceptado ampliar el derecho de voto en las elecciones provinciales a los nacidos en el territorio, temen que permitir votar a los recién llegados reduzca su representación política en las instituciones locales.

“Es un cambio muy grande porque modificaría por completo el equilibrio en el país”, declaró Merle a RFI, añadiendo que los partidarios de la independencia corren el riesgo de convertirse en minoría dentro del gobierno.

Mayoría frágil

Nueva Caledonia se convirtió en territorio francés de ultramar en 1946 y goza de una autonomía limitada dentro del ordenamiento jurídico francés.

El Presidente francés es el Jefe de Estado. Desde 2021 tiene su propio jefe de gobierno.

Aunque París sigue a cargo de grandes carteras como defensa, seguridad interior, inmigración y política exterior, en los últimos 30 años se han delegado muchas competencias y responsabilidades.

El Congreso tiene competencias en fiscalidad, legislación laboral, bienestar social y sanidad, entre otras.

Nueva Caledonia figura en la lista de descolonización de la ONU desde 1986, basándose en el derecho a la autodeterminación del pueblo canaco, reconocido internacionalmente, y sus instituciones desempeñarán un papel importante en la consecución de ese objetivo. Pero, aunque los políticos independentistas tienen ahora mayoría en el gobierno, con seis de los once miembros, “es una mayoría frágil”, señala Merle.

En las elecciones provinciales de finales de año, los votantes elegirán a los representantes electos de las tres asambleas provinciales del país: la de las Islas de la Lealtad, la del Sur y la del Norte.

Hay mucho en juego. El número de escaños en las asambleas influye en el reparto de escaños en el parlamento del territorio (Congreso), que a su vez nombra al presidente del gobierno de Nueva Caledonia.

Historia colonial “única”

La preocupación por verse excluidos del proceso de toma de decisiones de su territorio se produce en un contexto de colonización “extremadamente doloroso”, añadió.

El archipiélago de 140 islas, a unos 17.000 kilómetros de París, fue anexionado por Francia en 1853 y utilizado como colonia penal para presos políticos en la segunda mitad del siglo XIX.

Durante las operaciones denominadas “Grand Cantonnement”, entre 1897 y 1903, los autóctonos canacos fueron desplazados y relegados a reservas para dejar paso a los colonos.

“Nueva Caledonia tiene una historia colonial única, en la que la estrategia del Estado a partir de 1853 fue introducir deliberadamente oleadas y oleadas de inmigrantes franceses para poblar el territorio”, explica Merle.

“Intentaron transformarla en una ‘pequeña Francia Austral’, como la llamaban en el siglo XIX”.

Las desigualdades sociales siguen alimentando esa sensación de injusticia. “Existe mucha rabia. Me sorprendió la rapidez con la que se extendió", dijo Merle en una entrevista refiriéndose a los disturbios. “Se debe a un gran fracaso político... después de 30 años de intentar salir de una situación colonial de forma positiva”.