Haití es el país más corrupto del Caribe, según informe de Transparencia Internacional

La impunidad generalizada y la ausencia de independencia de la justicia colocan a Haití como el segundo país con mayor percepción de corrupción en América, junto a Nicaragua, y en el primer lugar del Caribe, según un informe divulgado este martes por Transparencia Internacional (TI).

En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de esta organización, con una escala desde cero (muy corrupto) hasta 100 (muy baja corrupción), Haití y Nicaragua ocupan a nivel mundial el puesto 172 con solo 17 puntos, unas cifras que contrastan con los 90 puntos de Dinamarca, a la cabeza del listado de los menos corruptos, y cerca de los 11 de Somalia, que cierra la lista en la posición 180.

Aunque en el IPC de 2023 Haití tiene 17 puntos como en el análisis de TI correspondiente a 2022, desde 2017 ha bajado 5 puntos y es el Estado peor situado de todo el Caribe.

Ello deja patente el deterioro de la situación en el país más pobre de América.

Si bien Haití lleva desde hace años inmerso en una situación preocupante a todos los niveles, esta empeoró aún más desde el asesinato en julio de 2021 del presidente Jovenel Moise.

La impunidad es prácticamente total en un país donde las bandas armadas se han hecho fuertes y controlan gran parte de Puerto Príncipe y otras zonas de Haití, unas pandillas que actúan libremente cometiendo matanzas, secuestros, ataques y violaciones y a las que las fuerzas de seguridad y las autoridades no consiguen frenar.

Por ello, en octubre pasado el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el envío de una misión multinacional, pero su llegada se está dilatando y ahora, además, se enfrenta a la negativa de la justicia de Kenia, país que encabezará el operativo, a que fuerzas kenianas se desplieguen en Haití.

Mientras, la situación se deteriora día a día en este país caribeño como quedó demostrado en 2023, cuando, según el último informe del secretario genera de la ONU al Consejo de Seguridad sobre Haití, los homicidios se duplicaron con respecto al año anterior (las muertes violentas pasaron de 2,183 a 4,789) y los secuestros aumentaron en un 83 % (de 1,359 a 2,490).