Haití en la espiral del caos: pandillas, crisis humanitaria y migración desesperada

La nación enfrenta niveles alarmantes de ataques de pandillas, una crisis humanitaria desgarradora e incertidumbre migratoria, en medio de la incapacidad del gobierno para restaurar la estabilidad. La violencia ha marcado un considerable aumento en 2023, que ha desplazado a cientos de miles de personas. Ante el desesperante panorama, la migración haitiana encuentra en Estados Unidos su principal destino. Sin embargo, las políticas migratorias enfrentan desafíos significativos. En el trasfondo, la gestión del primer ministro, Ariel Henry, se ve envuelta en controversias judiciales y políticas, lo que plantea un cuestionamiento  crucial: ¿hasta dónde llegará la espiral de desafíos en Haití en 2024?

Naciones Unidas estima que alrededor de 5.2 millones de personas, casi la mitad de la población, requieren asistencia humanitaria, en Haití.

La violencia de pandillas desplazó a aproximadamente 200,000 residentes y deja 3,960 personas asesinadas, 1,432 heridos y más de 2,900 secuestros, solo en lo corrido de este año.

La situación en el país más pobre del hemisferio se deterioró aún más con pandillas poderosas que controlan más del 80% de Puerto Príncipe, la capital, lo que obligó alrededor de 200,000 residentes a abandonar sus hogares. La violencia se manifestó en incendios de viviendas, asesinatos y secuestros, entre otras violaciones a los derechos humanos por parte de las bandas delictivas.

Los crecientes ataques de las pandillas alcanzaron niveles alarmantes, según informes de la enviada especial de la ONU, María Isabel Salvador. En declaraciones al Consejo de Seguridad de la ONU, Salvador describió cómo la vida de los haitianos ha sido afectada diariamente por asesinatos, violencia sexual, mutilaciones y secuestros.

La crisis se agravó con la presencia activa de grupos de civiles, como el movimiento 'Bwa Kale', que entre abril y septiembre registró el linchamiento de al menos 395 presuntos miembros de pandillas.

La situación fue especialmente crítica para los niños y mujeres, con aproximadamente 1.6 millones de ellos viviendo en áreas bajo el control de las bandas criminales.

Muchos niños son víctimas de reclutamiento forzado por grupos armados

Como si fuera poco, la población se ve fuertemente afectada por las dificultades para acceder a la alimentación. El número de niños haitianos que sufren desnutrición severa aumentó un 30%, por lo que se registran más de 115,000 menores afectados.

Esta situación se convirtió en una amenaza letal para los pequeños, afectando su sistema inmunológico. Además, un brote continuo de cólera perjudicó a menores de 14 años, representando casi la mitad de los casos sospechosos.

“Los niños se encuentran atrapados en el fuego cruzado, algunos incluso camino a la escuela. Y muchos son víctimas de reclutamiento forzado por grupos armados", subrayó a France 24 en español Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, quien también advirtió al Consejo de Seguridad de la ONU que la crisis en Haití empeora día a día.

Además, la violencia de las pandillas dificultó el acceso a las instalaciones de atención médica y forzó el cierre de escuelas y clínicas. Asimismo, agudizó la ya grave escasez de alimentos, ya que las áreas controladas por los grupos delictivos se encuentran aisladas y no pueden recibir suministros cruciales para la sobrevivencia. Para muchos, la única alternativa es salir del país.

Desde mediados del siglo XX, la migración de haitianos hacia Estados Unidos ha sido una respuesta a la persistente inestabilidad política, persecuciones, frecuentes crisis económicas, desastres naturales y, más recientemente, la violencia generalizada de las pandillas tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

Según datos de 2022, aproximadamente 731,000 inmigrantes haitianos residían en EE.UU., lo que constituye la decimoquinta población extranjera más grande del país.

Aquellos que carecen de apoyo financiero y patrocinadores continúan utilizando medios riesgosos para abandonar un país afectado por la miseria

Algunos llegaron directamente de Haití, pero muchos otros migraron desde Brasil, Chile y otros países de América, a donde se habían trasladado previamente.

En la frontera entre Estados Unidos y México, las autoridades encontraron haitianos en alrededor de 53,900 oportunidades en el año fiscal 2022 y en más de 76,100 ocasiones en el año fiscal 2023.

Las autoridades implementaron varias políticas destinadas a dirigir a estos migrantes hacia rutas legales. En enero de 2023, la Administración del presidente Joe Biden extendió un programa de parole, inicialmente diseñado para venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses, que cuenten con un patrocinador en Estados Unidos. Para ello, los interesados deben hacer la solicitud con anticipación y arribar al territorio estadounidense por vía aérea.

Además, el Estatus de Protección Temporal (TPS), que otorga una autorización provisional de trabajo y alivio de la deportación, se extendió para más de 116,500 ciudadanos de Haití hasta marzo de 2023.

Estas iniciativas tuvieron un impacto significativo. Hasta septiembre de 2023, alrededor de 85,300 haitianos beneficiarios del programa de parole se convirtieron en el grupo más grande en beneficiarse de este proceso.

Sin embargo, la respuesta, como este programa, no logró frenar eficazmente la migración irregular. En 2023 más de 100,000 personas se trasladaron de forma irregular a Estados Unidos.

“Aunque muchos haitianos han sido aprobados para emigrar legalmente, aquellos que carecen de apoyo financiero y patrocinadores continúan utilizando medios riesgosos para abandonar un país afectado por la miseria y la falta de oportunidades", remarcó Sam Guillaume, del Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR).

En este contexto, el Primer Ministro Ariel Henry lideró una delegación haitiana que participó en la cumbre sobre desarrollo y migración en Palenque, México, invitado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Durante el evento, se abogó por inversiones masivas en los países de origen de los migrantes para ofrecerles un futuro y esperanza, lo que apunta a abordar las raíces de la migración.

La tensión entre República Dominicana y Haití alcanzó niveles críticos debido a un conflicto vinculado al agua, desencadenando el cierre de todas las fronteras entre ambas naciones el pasado 18 de septiembre.

Este enfrentamiento, derivado de la construcción de un canal en suelo haitiano, suscitó preocupaciones sobre las relaciones bilaterales y las consecuencias económicas.

A principios de septiembre, el presidente dominicano, Luis Abinader, suspendió los visados para haitianos y amenazó con cerrar las fronteras, en respuesta a informes sobre la posible construcción de un canal para desviar el agua del río Massacre. La medida pretendía mitigar los efectos de una sequía en la llanura de Mariboux, en Haití.

El conflicto se agravó con la iniciativa local de construir el canal para irrigar 3,000 hectáreas de tierra, lo que equipararía alrededor de 7,400 canchas de fútbol, destacando la percepción de que el gobierno haitiano no cubrió adecuadamente las necesidades de agua de la población.

La Riviera Dajabón, regida por el “Tratado de Paz, Amistad, Arbitraje” desde 1929, prohibió modificar los ríos compartidos, pero permitió el uso equitativo para fines agrícolas e industriales.

En 2021, inversionistas haitianos anunciaron el proyecto del canal, enfrentando la oposición de República Dominicana, que temía la pérdida total del caudal del río Massacre. Bajo presión, el proyecto fue temporalmente abandonado, pero resurgió, aumentando tensiones. La negativa del gobierno haitiano a detener la construcción elevó las preocupaciones.

Si bien, Abinader defendió las medidas ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el experto de la ONU, William O’Neill, instó a reconsiderar el cierre de la frontera, alertando sobre consecuencias graves.

La problemática también afecta la atención médica en Haití. La duración de esta medida, según el presidente, sería indefinida, pero las actividades fueron retomadas el 18 de diciembre del mercado binancial al que asisten dos veces a la semana en la provincia de Dajabón.

Ante esta crisis sin precedentes, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 2 de octubre una resolución que autoriza una fuerza multinacional, liderada por Kenia, para desplegarse en Haití y ayudar a combatir las pandillas. 

A pesar de la grave situación de orden público en Haití, el Gobierno de Kenia anunció que la esperada misión de despliegue de agentes de policía a la nación caribeña se encuentra en espera debido a desafíos legales y financieros.  Nairobi agregó que sus uniformados no se dirigirán a Haití hasta que se satisfagan todas las condiciones necesarias de entrenamiento y financiamiento. 

Aunque las autoridades kenianas planean desplegar aproximadamente 300 oficiales para el próximo febrero, un veredicto judicial previsto para enero podría determinar el curso de la misión.

La controversia en torno al despliegue de las fuerzas del país africano surge después de la reciente visita del director general de la Policía Nacional de Haití, Frantz Elbé, a Kenia. La reunión bilaterial buscaba discutir los aspectos clave de la aplicación de la ley, pero las decisiones judiciales y la incertidumbre financiera han ralentizado los preparativos.

Este año, el país conmemoró el segundo aniversario del asesinato de su presidente, Jovenel Moïse, un hecho que sigue siendo un enigma lleno de intriga y conspiraciones.

Moïse, conocido por su desconfianza e impopularidad, fue asesinado por un grupo de hombres armados, la mayoría colombianos, según las investigaciones, que irrumpieron en su residencia durante la noche y acabaron con la vida del mandatario de 53 años. Hasta ahora hay unos 50 sospechosos detenidos, incluidos 11 en Miami.

Germán Alejandro Rivera García, un oficial retirado del Ejército colombiano, fue condenado a cadena perpetua en Miami por su papel en el asesinato de Moïse.

Rivera se declaró culpable de conspirar y apoyar el plan para asesinar al jefe de Estado haitiano. Su condena sigue a la de Rodolphe Jaar y precede a la sentencia de cadena perpetua del exsenador haitiano, John Joel Joseph.

Estos acusados enfreron la Justicia en Estados Unidos, mientras 17 exmilitares colombianos, permanecen detenidos en condiciones precarias en Haití. Familiares y mediadores colombianos solicitaron la intervención del Gobierno de su país para garantizar condiciones humanitarias y un juicio justo. Incluso, propusieron un tribunal independiente en una tercera nación.

En un intento de abordar esta situación, una delegación del Gobierno colombiano visitó este mes, la prisión haitiana donde se encuentran detenidos los exmilitares. La apertura de un consulado en Puerto Príncipe marcó un esfuerzo para brindar asistencia a los residentes de origen colombiano y a aquellos que se encuentran detenidos.

Desde su asunción al poder, en julio de 2021, el primer ministro, Ariel Henry, ha enfrentado un periodo tumultuoso en la historia sociopolítica y económica de Haití.

Recientemente, se convirtió en el primer líder de Gobierno en funciones en comparecer ante un juez, un acontecimiento inédito para el sistema judicial haitiano, como destaca el periódico local ‘Le Nouvelliste’. 

El proceso de comparecencia ante el juez fue una decisión que Ariel Henry demoró más de dos años en tomar, según informa ‘Le Nouvelliste’. El Consejo de Ministros finalmente aprobó esta medida el pasado 19 de diciembre, lo que permitió que el jefe de Gobierno, ministros y altos funcionarios citados enfrenten las interrogantes judiciales.

Las razones detrás de esta audiencia y las pruebas presentadas por la Justicia para interrogar al primer ministro, además de las llamadas telefónicas relacionadas con el caso, no han sido aún reveladas.

Henry se convirtió en el líder del país en medio de una situación política y económica caótica. A pesar de dos acuerdos firmados con partidos políticos, en busca de una solución a la crisis, observadores internacionales y la ORDEDH (Orden de Defensores de Derechos Humanos) consideran que su gestión ha sido "catastrófica".

La organización denunció la corrupción endémica en las instituciones públicas durante el mandato de Ariel Henry. Alegaciones de malversación de fondos públicos y mala gestión socavaron la confianza de la población en el Gobierno, obstaculizando el desarrollo del país. Su mandato terminaría el primero de febrero de 2024, mientras la incertidumbre crece entre la población.

La situación política también se ve marcada por las divisiones en la clase política, que han dificultado la elaboración de acuerdos y contribuido a la inestabilidad. Las tensiones persistentes han aumentado la corrupción dentro del Gobierno, según la ORDEDH.

Haití ha perdido sus instituciones democráticas, y el primer ministro ha gobernado respaldado por la comunidad internacional. Maria Isabel Salvador instó al Consejo de Seguridad a seguir comprometido con los esfuerzos de diálogo nacional para restablecer las instituciones democráticas y el estado de derecho, aunque señaló que persisten diferencias significativas que obstaculizan el avance hacia las elecciones.

En un escenario lleno de incertidumbre y un futuro incierto, Haití enfrenta un 2024 lleno de interrogantes: ¿podrá el país superar la eterna crisis, la violencia extrema y los conflictos políticos, o sucumbirá ante un futuro más sombrío?