Las sanciones deben dar paso a nuevos políticos en Haití

Las sanciones de Estados Unidos y Canadá a políticos haitianos, por presuntamente brindar apoyo financiero y operativo a las bandas armadas que amenazan la seguridad, pueden sentar las bases para el surgimiento de una nueva clase política en Haití.

"En efecto, es prácticamente imposible que los políticos sancionados puedan volver a candidatearse, dado que el reconocimiento de la comunidad internacional a un gobierno es necesario", consideró el economista y político haitiano Joseph Harold Pierre.

Harold Pierre ha abogado por una nueva élite política haitiana con personas competentes y moralmente prestigiosas para la construcción de una nueva opinión pública.

Sobre las sanciones

Hasta el momento, los dos países norteamericanos han sancionado a ocho políticos haitianos, incluidos un expresidente, dos ex primeros ministros y dos senadores en ejercicio, uno de los cuales es el presidente del Senado de Haití.

A todos los involucrados se les congelará cualquier activo que tengan en el país sancionador, no podrán realizar transiciones en ellos y los ciudadanos de esos países tampoco pueden hacerlo, dentro o fuera del territorio.

 

Joseph Harold Pierre, experto en política de América Latina, consideró que la justicia haitiana debe dar seguimiento a las decisiones de Canadá y Estados Unidos para también sancionar a esos políticos o que se reconozca su inocencia en caso de que uno u otro no fuera responsable del caos haitiano.

"Lo que me importa es que la justicia funcione en Haití y que el Estado mínimamente vuelva a existir", expresó e indicó que, por el momento, "la ausencia total del Estado, por ende, del aparato judicial lo deja todo en un limbo".

Analizó que la inseguridad en Haití puede incrementarse en el corto plazo, ya que los sancionados, en caso de que sean culpables y que estén totalmente fuera del poder, “no se quedarán los brazos cruzados al verse desprovistos del acceso a tanto dinero fácil y del control del territorio mediante las bandas”.

ONG opina

Las sanciones de Estados Unidos y Canadá implementan una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobada el 21 de octubre pasado, que establece un embargo de armas, congelación de activos y prohibiciones de viaje.

El Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH, por sus siglas en francés) de Haití espera que las sanciones vayan más allá de la crisis humanitaria y sean parte de la dinámica del estado de derecho y el buen gobierno.

"Las sanciones deben ser parte del fortalecimiento del estado de derecho y la democracia", consideró el CARDH en un informe de 27 páginas sobre las sanciones en el contexto político actual y las perspectivas de ellas.

La organización cree que más allá de su alcance moral y político, los regímenes de sanciones deben tener como objetivo el saneamiento de la gobernabilidad y las finanzas públicas y el sistema electoral, la lucha contra la corrupción.

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En cuanto a las personas sancionadas, el CARDH sostuvo que estas no deben seguir una lógica de doble rasero. Indicó que los líderes de las pandillas armadas "no son los verdaderos amos" del crimen en Haití.

"Son solo instrumentos. Los amos están en el ámbito privado (poseen, en su mayoría, nacionalidad estadounidense, canadiense, francesa…), en la política, en el crimen transnacional regional", dijo la organización.