Las ejecuciones alcanzaron en 2023 su máximo mundial desde 2015, con Irán a la cabeza

El número de ejecuciones en el mundo alcanzó el año pasado su cifra más alta desde 2015, impulsada por un fuerte aumento en Irán, señala la organización Amnistía Internacional en su informe anual sobre la pena de muerte.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres, contabilizó en su informe 1,153 ejecuciones en 2023, sin incluir a China, lo que equivale a un aumento de más del 30% respecto a 2022. Las condenas a muerte dictadas durante el pasado año aumentaron un 20% con respecto al anterior, hasta alcanzar un total de 2,428.

En Irán, la minoría baluchi “representa el 20% de todas las ejecuciones”

Irán contabilizó 853 ejecuciones, lo que equivale a casi un 50 % más que en 2022. Irán y Arabia Saudí representaron respectivamente el 74 % y el 15 % de las ejecuciones registradas, sumando el 89 % del total. “Las autoridades iraníes han mostrado un total desprecio por la vida humana”, afirmó la secretaria general de AI, Agnès Callamard, citada en un comunicado de prensa.

“Sin duda este repunte se debe mayormente a Irán, país que de las 1,153 ejecuciones judiciales registradas ha llevado a cabo 853, y principalmente debido a delitos de drogas que no están contemplados en el derecho internacional de los derechos humanos para ser castigados o ajusticiados con la pena de muerte. Irán, Arabia Saudí, Singapur, China... Son varios los países los que lamentablemente siguen condenando con pena de muerte este delito”, explica Beatriz Martos, responsable de la campaña contra la pena de muerte de AI España.

“En Irán, un dato muy importante es que la minoría étnica baluchi, a pesar de constituir únicamente el 5 % de toda la población, sin embargo, representa el 20 % de todas las ejecuciones judiciales. Hay aquí un componente de pobreza relacionado de manera directa con un perfil racial, en este caso una minoría étnica que se ve obligada a subsistir a través del microtráfico y que posteriormente es castigada por el Estado con la pena de muerte”, precisa.

Pese al aumento de ejecuciones, el número de países donde tuvieron lugar cayó a 16, una cifra sin precedentes, ya que no hubo en Bielorrusia, Japón, Birmania o Sudán del Sur, a diferencia de 2022. En Asia, Pakistán derogó la pena de muerte para delitos relacionados con drogas, mientras que Malasia la eliminó para ciertos delitos. En cambio, las ejecuciones en Somalia se multiplicaron por seis, pasando de seis en 2022 a 38 en 2023.

En Estados Unidos, “ha habido graves retrocesos”

En Estados Unidos, donde se realizaron 24 ejecuciones en 2023, con un aumento del 33 % respecto al año anterior, varios estados demuestran un “compromiso inquebrantable con la pena de muerte”, lamentó Agnès Callamard. Por decimoquinto año consecutivo, Estados Unidos fue el único país de América en realizar ejecuciones.

“Lamentablemente, en Estados Unidos han aumentado las ejecuciones. Ha habido graves retrocesos. Las ejecuciones han pasado de 18 a 24. Eso sí, se han reducido de cinco a cuatro estados. En Florida se han llevado a cabo las primeras ejecuciones. En Alabama han empezado a llevarse ejecuciones por el método de asfixia por nitrógeno, que es un método que provoca muchísimo sufrimiento y muchísimo dolor, y que además ejecutó a Kenneth Smith, un preso por el que hicimos muchísima campaña desde Amnistía Internacional porque era un preso con discapacidad intelectual, cuestión que está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos”, detalla para RFI Beatriz Martos.

“También nos encontramos con el estado de Texas y algo a resaltar es que, por ejemplo, el estado de Carolina del Sur promulgó una nueva ley para ocultar la identidad de las personas que están involucradas en la preparación de una ejecución, para que se disuelva la presión internacional hacia estas personas o hacia estas instituciones. Algo que estamos exigiendo a Joe Biden es que deje de aplazar su promesa de abolir la pena de muerte a nivel federal”, subraya.

El informe de Amnistía no cuenta los miles de presuntas ejecuciones realizadas en China, ni tampoco las de Corea del Norte o Vietnam, pues la organización ve en el secretismo que rodea estas cifras un deseo de infundir "miedo".