Tres detenidos en España por explotar laboralmente a colombianos como repartidores

Dos hombres y una mujer fueron detenidos en Palma de Mallorca (España) como presuntos autores de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, por captar trabajadores en Colombia y obligarlos a trabajar en semiesclavitud como repartidores.

A los detenidos se les atribuyen los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, organización criminal, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y amenazas, en esta operación policial que concluyó tras cuatro meses de investigación, informó la policía española.

La investigación policial comenzó a partir de información de un extranjero que alertó de un posible caso de explotación laboral.

Los agentes lograron identificar un grupo criminal organizado, dedicado a captar trabajadores en Colombia para su explotación laboral en España, que se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad económica de las víctimas en su país de origen, trasladándolas a España bajo falsas promesas laborales.

La organización les facilitaba el dinero para el viaje, les aleccionaba sobre cómo comportarse y qué declarar en los controles policiales.

Una vez en España, eran obligados a cortar el contacto con sus familias y a eliminar su presencia en redes sociales, con el objetivo de aislarlos y enfocarlos únicamente al cumplimiento de las jornadas laborales.

Les asignaban una cuenta de usuario de una empresa de entrega de pedidos a domicilio -que controlaba una miembro de la organización-, donde trabajaban en condiciones extremas, con jornadas laborales de 12 horas diarias sin ningún día festivo.

Mediante coacciones y engaños, la organización se quedaba con la mayor parte de sus ingresos, lo que dejaba a los trabajadores percibiendo apenas 3 euros por hora de trabajo.

Para mantener esta situación de 'semiesclavitud', los delincuentes se aprovechaban de la situación irregular de los trabajadores, no formalizaban ningún contrato laboral ni ofrecían cobertura sanitaria, dejándolos en completa indefensión.

Además vivían en condiciones deplorables, compartiendo habitación y durmiendo en colchones en el suelo.

En caso de accidente, la organización únicamente se ocupaba del estado de los vehículos pero no atendía a las víctimas.

El cabecilla del grupo era conocido por su carácter violento. Ante cualquier sospecha de una posible investigación policial, presionaba a las víctimas para que regresaran a su país de origen o, en algunos casos, las expulsaba del domicilio, llegando incluso a dejar a familias con niños en situación de indigencia.

Su objetivo era lograr la total dependencia de las víctimas, aislándolas de cualquier apoyo familiar o social.

Otra investigada se encargaba de la logística del reparto y del control de las jornadas laborales, mientras que el tercero era quien gestionaba las cuentas bancarias de la organización y adquiría los vehículos utilizados en la trama criminal.

Los detenidos pasaron el viernes a disposición judicial y el juez ordenó el ingreso en prisión provisional del cabecilla.