Movilización en Suecia contra un proyecto para obligar funcionarios a denunciar a indocumentados

¿Tendrán que denunciar los funcionarios suecos a los inmigrantes indocumentados con los que están en contacto? Es lo que se contempla en un proyecto de ley presentado por el Gobierno de derecha, aliado con el partido de extrema derecha, que quiere acelerar a toda costa la expulsión de los inmigrantes ilegales. Pero este proyecto de ley se enfrenta a una fuerte oposición dentro de los servicios públicos suecos.

En Suecia, los funcionarios gubernamentales ya han llamado a la "desobediencia civil". "Todos los empleados del sector público deben estar exentos. Ningún maestro, director de escuela, médico, enfermera, bibliotecario se ha comprometido con su profesión a denunciar. La policía está haciendo su trabajo, nosotros estamos haciendo el nuestro. Es importante en un Estado de derecho como Suecia que todo el mundo mantenga su papel", advierte Johanna Jaara Astrand, presidenta del sindicato de docentes.

Para el personal médico, también es impensable denunciar a sus pacientes indocumentados. Unos 4,000 trabajadores de la salud han firmado una tribuna para denunciar un proyecto de ley que va en contra del juramento hipocrático. "Esto tendrá impactos en la salud pública: enfermedades no tratadas que se vuelven graves, propagación de enfermedades infecciosas", explica el artículo.

"Una especie de Estado policial"

"Los migrantes indocumentados ya están bastante marginados. Una propuesta tal es muy negativa. Esto equivale a establecer una especie de Estado policial. Y por eso pedimos que se abandone por completo", explica Michèle Le Voy, presidenta de PICUM, una ONG que defiende los derechos de los inmigrantes indocumentados.

Todavía no se han definido los riesgos en que incurren los funcionarios públicos que no cumplen con la orden de informar. La misión parlamentaria de investigación sobre este controvertido proyecto de ley durará hasta el otoño.