Francia: ¿En qué consiste el RIP, la última carta de los opositores a la reforma de las pensiones?

La izquierda quiere poner en marcha un Referéndum de Iniciativa Compartida (RIP, por sus siglas en francés) para obligar al Gobierno a consultar a los franceses sobre la reforma de las pensiones. Pero el proceso, largo y tedioso, tiene pocas posibilidades de prosperar.

Tras el uso por el Gobierno del artículo 49.3 de la Constitución para imponer su reforma de las pensiones, y el fracaso de las dos mociones de censura propuestas en la Asamblea Nacional, la coalición de izquierdas Nupes presentó este lunes ante el Consejo Constitucional una solicitud de Referéndum de Iniciativa Compartida (RIP) sobre dicha reforma. De completarse el proceso, se trataría de una primera vez: el mecanismo nunca ha tenido éxito hasta ahora.

Nuevo proyecto de ley

El RIP compartida prevé la posibilidad de organizar una consulta popular sobre una propuesta de ley. Para ello, una quinta parte de los parlamentarios deben presentar un “proyecto de ley de referéndum”.

En la situación actual, el RIP ya cuenta con el apoyo de 250 parlamentarios, lo cual es suficiente para presentar un proyecto de ley. Este consta de un solo artículo, que pretende fijar la edad máxima de jubilación en 62 años.

“Nuestro sistema no permite derogar por referéndum una ley que lleva menos de un año en vigor. Por ello, era importante que la izquierda presentara este RIP antes de que se promulgara la ley aprobada el 20 de marzo”, explica a France 3 Anna Maria Lecis, profesora en Sciences Po Bordeaux.

Varias etapas

A continuación, el Consejo Constitucional tiene un mes para comprobar la admisibilidad de la propuesta, en particular examinando si la consulta se refiere a los ámbitos de “la organización de los poderes públicos, las reformas relativas a la política económica, social o medioambiental y los servicios públicos que contribuyen a ellas”.

Si la solicitud es admisible, podría iniciarse la recogida de firmas de los ciudadanos, para intentar alcanzar el 10 % de los votantes, es decir, unos 4.87 millones de firmas, en un plazo de nueve meses. Si se obtienen las firmas, la Asamblea Nacional y el Senado tienen seis meses para examinar el nuevo proyecto de ley.

“Durante este periodo, cada una de las asambleas debe examinar el texto, al menos en primera lectura. A continuación, pueden enmendarlo y adoptar su versión modificada, o incluso rechazarlo. Esto impediría la celebración del referéndum. Así que hay muchos obstáculos. Si el Parlamento no examina el texto en el plazo de seis meses, el presidente de la República lo somete entonces a referéndum”, detalla Anna Maria Lecis.

Un procedimiento complejo

“Las garantías de un resultado positivo son muy escasas, incluso si la movilización en torno a la reforma de las pensiones no impide la recogida de firmas.  Una vez que la cuestión llegue al Parlamento, nos enfrentamos a una cuestión política, que es decidir si queremos debatirla, o más bien permitir que se celebre el referéndum. Mientras tanto, aunque haya referéndum, la reforma de las pensiones, salvo sorpresas, habrá entrado en vigor”, comenta la profesora universitaria, para quien el RIP “es más un medio político de presión que un medio jurídico para impedir que la ley entre en vigor”.

El referéndum de iniciativa compartida (RIP) nunca ha tenido éxito desde su introducción en la Constitución en 2008, a iniciativa del expresidente Nicolás Sarkozy. Sin embargo, los detractores de la reforma de las pensiones no desesperan y afirman que la lucha continúa.