Consejo de Europa advierte de que siguen dándose “terapias de conversión”

La Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, exhortó a los Estados miembros a poner fin a las "terapias de conversión" que "siguen practicándose en Europa", en un informe publicado este jueves.

Las "terapias de conversión" buscan cambiar la orientación sexual de una persona e imponerle la heterosexualidad a través de métodos polémicos que van desde la toma de hormonas, los electrochoques o la práctica de rituales exorcistas.

"Estas intervenciones siguen practicándose en Europa, muchas veces con toda la legalidad y generalmente bajo un pretexto médico o religioso", escribió Mijatovic en el informe.

"Pese a las consecuencias nocivas de estas intervenciones, que son profundas y duraderas, es difícil para las víctimas hacer reconocer el prejuicio sufrido y obtener una reparación. Esta situación ya no es sostenible", añadió.

El Consejo de Europa es una organización internacional con sede en Estrasburgo, que cuenta con 46 Estados miembros, 27 de los cuales son también miembros de la Unión Europea (UE).

La Comisaria subrayó que en la UE se calcula que "el 2% de las personas LGTBI padecieron este tipo de prácticas y 5% se vieron proponer una conversión, pero las cifras reales podrían ser mucho más elevadas".

Estas supuestas terapias pueden provocar depresiones, ansiedad, odio a sí mismo y pensamientos suicidas, recordó.

En el informe, Mijatovic también insistió en que la prohibición de este tipo de prácticas es una "tendencia reciente" en Europa.

La isla de Malta fue el primer país europeo en prohibirlas en 2016. Alemania, España, Grecia, Albania o Francia tratan de poner freno a estas terapias y existen proyectos para prohibirlas en varios países.

Aunque reconoce los esfuerzos emprendidos, Mijatovic invitó a los Estados miembros a adoptar un "enfoque fundado en los derechos humanos para eliminar estas prácticas".

La comisaria también pide que se establezcan "prohibiciones precisas y aplicables" para enviar una "señal fuerte a la sociedad" y permitir que se juzgue a los autores de estas prácticas.