Multas y premios para animar a vacunarse contra el COVID-19 en Austria

Multas para quienes no se vacunen y premios para quien lo haga. Esas son las opciones que Austria ofrece tras aprobar este jueves la primera ley de la UE que sanciona, con hasta 3,600 euros (4,085 dólares), a los adultos que vivan en el país centroeuropeo que no se inmunicen contra el COVID-19, una medida que apoya el 60 % de la población.

La norma, aprobada por 137 de los 170 diputados que participaron en la votación en la Cámara Baja (de 183 escaños), establece la vacunación obligatoria bajo el argumento de "protección de la salud pública".

La ley estará en vigor durante dos años, aunque habrá una revisión constante de su aplicación para determinar si sigue siendo necesaria.

Último recurso

El Gobierno austriaco, formado por el conservador Partido Popular ÖVP y por el ecologista Los Verdes, insiste en que la norma es un último recurso y una decisión difícil de tomar, a la que ha sido forzado ante la incapacidad de convencer a más gente de que la vacuna es imprescindible para proteger a la sociedad del COVID-19.

Lo cierto es que ni las campañas públicas de información ni los llamamientos a la responsabilidad cívica ni las medidas coercitivas han tenido un efecto notable en la cuota de vacunación.

El Gobierno anunció en noviembre pasado la medida y cerró entonces el acceso de los no vacunados a la gastronomía, los actos culturales y el comercio no esencial, una medida que sigue vigente hoy.

Desde entonces, la tasa de inmunizados ha subido sólo seis puntos, del 65 % al actual 71 % de la población, apenas por encima de la media comunitaria.

Embarazadas, personas para las que la vacuna supone un riesgo y quienes se hayan recuperado de la enfermedad en los últimos 180 días quedan exentos.

El texto legal deja claro que la vacuna no puede "imponerse mediante el uso de la fuerza" y las multas económicas, que oscilan entre los 600 y los 3,600 euros, dinero que será destinado a financiar los hospitales públicos.

"Totalitarismo"

El Ejecutivo ha logrado vencer las reticencias iniciales de la oposición socialdemócrata y liberal, que respaldaron hoy la norma, dejando al partido ultranacionalistas y antivacunas FPÖ como único opositor político.

Su líder, Herbert Kickl, acusó al Gobierno de "totalitarismo" y de ser responsable de un "atentado contra la dignidad humana" al imponer lo que calificó como una "vacunación forzada".

El líder ultra, contagiado hace unos meses con el COVID-19, difundió en el pasado bulos sobre la enfermedad y llegó a recomendar ibuprofeno, vitamina C y hasta un medicamento anti parásitos usado en animales como remedios para combatirla.

Desde el Gobierno, la portavoz parlamentaria de los Verdes, Sigrid Maurer, acusó a Kickl de ser "totalmente cínico", ya que su política es una de las causas de que la cuota de vacunación en Austria sea tan baja.

"La vacuna es una victoria de la ciencia contra la negación de los hechos", dijo Maurer al defender la ley, con la que el Gobierno promete devolver a la sociedad a la normalidad.

Aunque el apoyo político a la ley es rotundo, la obligación de vacunarse ha causado una fuerte polarización en la sociedad austriaca.

Las encuestas valoran que entre el 55 y el 60 % de los austríacos apoyan la medida, mientras que el FPÖ -que tiene una intención de voto del 20 %- lleva semanas convocando protestas que en algunas ocasiones han logrado reunir a hasta entre 30,000 y 40,000 personas.

Fallos del gobierno

La obligatoriedad de vacunarse llega cuando Austria afronta una nueva oleada de contagios con la variante ómicron, más contagiosa pero por ahora menos agresiva, y tras la experiencia de haber tenido que paralizar parcialmente la economía cuatro veces, la última en noviembre pasado, para contener la pandemia.

Los expertos explican el desinterés de buena parte de los austríacos en vacunarse en una mezcla de escepticismo científico, desconfianza hacia las autoridades y flagrantes fallos del Gobierno.

"Lamentablemente, la atención se centró principalmente en los problemas inmediatos, por ejemplo la escasez de vacunas, pero no en la promoción proactiva de actitudes positivas hacia la vacunación", explicó a Efe Thomas Czypionka, analista de políticas sanitarias del Instituto de Estudios Avanzados (IHS).

El experto echa en falta campañas de información que analicen por separado los distintos grupos de población que se niegan a vacunarse y aplique en cada caso los argumentos apropiados.

"Mientras tanto, los frentes se han endurecido y los opositores a la vacunación se han "atrincherado", lo que lo hace aún más difícil", lamentó Czypionka.

Pero, junto al palo de las sanciones, el Gobierno anunció esta mañana una "zanahoria" en forma de vales de 500 euros (unos 570 dólares) que sorteará entre todos los vacunados, así como ayudas millonarias a los municipios en función de cuántos residentes estén ya inmunizados.

El Gobierno desembolsará unos mil millones de euros (1,130 millones de dólares) para este sorteo, que acompaña el inicio de la vacunación obligatoria.