El magnate Jimmy Lai declara por primera vez en juicio de seguridad nacional en Hong Kong

El juicio contra el magnate de los medios prodemocrático Jimmy Lai se reanudó este miércoles en Hong Kong con su esperado testimonio tras casi cuatro años de detención, mientras enfrenta cargos por delitos contra la seguridad nacional que podrían conllevar penas de cadena perpetua.

Este miércoles, a primera hora de la mañana local, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, decenas de personas se congregaron bajo la intensa lluvia en las afueras del Tribunal de West Kowloon, aguardando su turno para acceder a la sala y presenciar el testimonio del magnate.

Lai, de 76 años, crítico del Partido Comunista Chino (PCCh), y sus tres empresas se enfrentan a tres cargos bajo la estricta Ley de seguridad nacional (LSN) impuesta a Hong Kong por Pekín, entre ellos la supuesta confabulación con “fuerzas extranjeras” y sedición según la legislación de la época colonial, por los que podría enfrentar penas de hasta cadena perpetua.

Las acusaciones están relacionadas con supuestas peticiones de sanciones internacionales contra la ciudad y las autoridades centrales, así como su papel “en la incitación al odio público” durante las masivas protestas antigubernamentales de la ciudad en 2019.

Se trata del primer proceso penal celebrado en el territorio semiautónomo por un delito de connivencia con fuerzas extranjeras, en un litigio que ha generado controversia internacional.

Al margen de los cargos vigentes, el empresario se encuentra cumpliendo una condena de 5 años y 9 meses de prisión por un delito de fraude por supuestas infracciones en el arrendamiento de su compañía multimedia, una sentencia impuesta tras permanecer dos años en prisión preventiva y como colofón de una larga serie de causas contra él.

El fundador del extinto periódico Apple Daily, de línea prodemocrática, lleva en una prisión de máxima seguridad desde diciembre de 2020, y se ha declarado no culpable de todos los delitos que se le imputan.

Otros seis acusados en la misma causa, todos empleados del rotativo, han admitido su culpabilidad y además tres de ellos se encuentran testificando en su contra.

El juicio, cuya duración estaba prevista en 80 días, fue aplazado en julio, en el 92º día de procedimiento, hasta hoy, cuando el tribunal escuchará por primera vez su testimonio, que se espera se extienda entre tres y cuatro semanas.

En los últimos días, el Ejecutivo hongkonés desestimó las afirmaciones de un equipo internacional de abogados que señalaron que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias había concluido que Lai, ciudadano británico, estaba siendo detenido de manera ilegal y arbitraria en la región.

Citando una opinión emitida por el grupo en septiembre, la letrada Caoilfhionn Gallagher destacó que este organismo expresó "alarma" por el prolongado régimen de aislamiento al que ha sido sometido Lai durante casi cuatro años, instando a las autoridades hongkonesas a corregir esta situación, ya que, según el bufete británico, “está siendo detenido de manera ilegal y arbitraria”.

En respuesta, las autoridades de la región semiautónoma aseguraron que fue el propio Lai quien solicitó el aislamiento por motivos de seguridad personal, ya que los detenidos pueden requerir la separación de otros reclusos por razones de seguridad personal, y acusó al despacho británico de haber dejado al sistema judicial en la región "flagrantemente desacreditado".

Pekín integró la ley de seguridad nacional en la mini-constitución de Hong Kong en junio de 2020, en respuesta a un año de multitudinarias protestas y disturbios antigubernamentales.

Esta legislación tipificó como delitos la subversión, la secesión, la colusión con fuerzas extranjeras y los actos terroristas, lo que otorgó a la policía poderes ampliados, resultando en cientos de arrestos y la desaparición de numerosas organizaciones de la sociedad civil.

No obstante, las autoridades defienden que esta normativa ha restaurado la estabilidad y la paz en la región, desestimando las críticas de socios comerciales, la ONU y diversas ONG que advierten sobre la erosión de las libertades civiles y los derechos humanos.