Human Rights Watch acusa a Consuelo Porras de persecución política al presidente Arévalo

Human Rights Watch acusa a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, de investigar "por motivos políticos" al gobierno del presidente Bernardo Arévalo en vez de combatir la corrupción y el crimen organizado en el país.

La corrupción sigue estando muy presente en Guatemala. Así lo expresa Human Rights Watch, que acusa a la fiscal general de este país, Consuelo Porras, de perseguir al gobierno "por motivos políticos".

Juanita Goebertus, abogada y directora para las Américas de esta ONG, explicó a RFI desde cuando comenzaron las investigaciones contra el actual presidente Bernardo Arévalo.

"La Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, ha impulsado investigaciones penales que, en nuestra opinión, desde Human Rights Watch, realmente tienen motivos políticos en contra de varios miembros del Gobierno del Presidente Arévalo. Este es un patrón que hay que decirlo, inició luego de que Bernardo Arévalo fuera elegido Presidente en el proceso de transición antes de que se posesionara", comienza Goebertus.

"Gracias a la presión muy importante de la Unión Europea y Estados Unidos, que han sancionado a Consuelo Porras y a varias de las personas que trabajan directamente con ella, Arévalo pudo posesionarse", continúa.

Acciones a tomar

La representante de HRW detalló además las acciones de Porras.

"En el tiempo reciente, que es lo que nosotros estamos reportando, el Ministerio Público inició por lo menos 17 investigaciones contra funcionarios gubernamentales de alto nivel del Gobierno y ha solicitado al menos seis veces a la Corte Suprema que se retire la inmunidad del Presidente Arévalo", comentó. 

La abogada nos informa que la fiscal general de Guatemala, es objeto de sanciones por parte de la Unión Europea por acciones que socavan la democracia y de Estados Unidos por participación en hechos de corrupción.

Human Rights Watch se preocupa de las consecuencias que puede tener para los guatemaltecos el uso de la justicia con fines políticos.

"El 2 de diciembre enviamos una carta a la fiscal y, sin embargo, a día de hoy no hemos recibido respuesta. Ante todo estamos mostrando que este uso de la justicia con fines políticos ha generado que el Ministerio Público desatienda sus funciones ordinarias y constitucionales", explicó.

"Eso ha implicado que no avanzan investigaciones sobre corrupción -prosigue Goebertus-. Por ejemplo, Consuelo Porras, cerró investigaciones sobre presuntos sobornos que habría recibido el expresidente Alejandro Giammattei. En agosto la Administración Tributaria interpuso una denuncia penal contra 410 empresas por una presunta evasión fiscal y lo que hizo el Ministerio Público, en vez de ahondar en esta investigación, fue a abrir una investigación en contra del director de la agencia, que era quien había presentado la denuncia, por lo tanto, desincentivando cualquiera de estas denuncias", destacó. 

Juanita Goebertus concluye alertando sobre los avances legales de la fiscal general en su intento de destituir al presidente y cómo ello puede ocurrir, si las instituciones internacionales no se activan para defender el Estado de derecho en Guatemala.