Ecuador canjea parte de su deuda a cambio de la protección de la Amazonía

A principios de diciembre, Ecuador renegoció parte de su deuda externa a cambio de dedicar fondos a la protección de la Amazonía. Es la segunda operación financiera de este tipo que realiza Ecuador. Pero, ¿qué tan exitoso ha sido el canje de deuda anterior para la proteger la islas Galápagos?

Reducir la deuda externa de un país a cambio de inversiones para proteger el medio ambiente no es una idea nueva. En pocas palabras, se trata de perdonar una parte de la deuda de un país endeudado a cambio de que el gobierno destine el dinero ahorrado a la protección de zonas altamente biodiversas.

El concepto surgió en los años 80. Y recientemente, países como Gabón o Seychelles se acogieron a este mecanismo en años recientes, al igual que Bolivia en 1987 o Costa Rica en 1988.

El Estado ecuatoriano, que sobrevive bajo perfusión del Fondo Monetario Internacional acaba de recurrir nuevamente a este mecanismo: anunció la renegociación de cerca de 1000 millones de dólares de bonos de deuda a cambio de un programa de conservación de la Amazonía. La recompra será operada por el Amazon Conservation DAC, una ONG estadounidense.

En mayo de 2023, el gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso renegoció cerca de 1630 millones de dólares de deuda por un nuevo préstamo 656 millones de dólares.

A cambio, se decidió cear el Galapagos Live Fund (GLF) para administrar un fondo de 450 millones de dólares dedicados a la protección de la reserva del archipiélago, conocido por su excepcional biodiversidad marina.

El trueque de deuda fue ideado para financiar la costosa ampliación de 60.000 kilómetros de la Reserva Marina de Galápagos, una joya de biodiversidad “muy importante para los ecosistemas marinos que viajan del norte al sur y viceversa”, subraya la bióloga galapagueña Mónica Calvopiña.

“Hace algunos años, nació la propuesta de ampliación de la reserva marina como una iniciativa comunitaria identificando que había más amenazas de pesca ilegal de tiburones, de flotas ilegal extranjeras. Sin embargo, el tener áreas de protección implica financiamiento”, recalca la bióloga.

En 2023, Calvopiña asumió el cargo de directora ejecutiva del Galapagos Live Fund (GLF), el fondo encargado de gestionar los 450 millones de dólares dedicados a la conservación ambiental durante 18 años, en el marco del canje de deuda.

Sin embargo, ha pasado más de un año desde aquella transacción récord y aún no hay ningún proyecto de conservación en marcha. No se ha gastado un solo dólar en conservación ambiental en Galápagos, lamenta por ejemplo la abogada Eva Martínez del centro de investigación CDES, que contribuyó a un estudio al respecto.

“En este primer año lo que hemos hecho fue crear legalmente la fundación en el Ecuador, tenemos nuestra oficina, staff. Y esperamos hacer el primer llamado a proyectos que GLF va a financiar, antes de que termine este año”, promete Mónica Calvopiña, entrevistada por teléfono por RFI.

Los primeros financiamientos estarán destinados al Parque Nacional Galápagos y la Armada de Ecuador, para financiar los gastos de patrullaje, por ejemplo, indicó Mónica Calvopiña. Ambas entidades recibirán cada año el 50% de los recursos financieros que liberara el GLF.

Además del control de embarcaciones, se subvencionarán proyectos de pesca sostenible, turismo sostenible y de educación medioambiental.

Reducción insuficiente de la deuda

A parte de la lentitud de instauración del proyecto, el canje de deuda por conservación ambiental en Galápagos ha suscitado cuatro críticas principales: no reduce significativamente la deuda ecuatoriana, implica una pérdida de soberanía, involucra a paraísos fiscales para la gestión del dinero del fondo y excluye a las comunidades locales.

Si bien fue presentado como un “hito” por el entonces gobierno de Guillermo Lasso, el canje de bonos que realizó ecuador el año pasado solo representó alrededor del 2% de su deuda externa total.

“El mercado de canje de deuda por naturaleza es muy pequeño. Las estimaciones varían, pero los cálculos de Eurodad muestran que estos canjes solo compensaron alrededor del 0,11% de los pagos de deuda de los países de renta baja y media entre 1987 y 2023”, indicaba un informe del centro de análisis Zero Carbon Analytics publicado en agosto de 2024.

El manejo del dinero para la conservación de Galápagos suscitó también dudas. En efecto, según el convenio firmado por el gobierno ecuatoriano, será el Galapagos Live Fund, basado en el estado estadounidense de Delaware, considerado un paraíso fiscal por muchos economistas, que será encargado de controlar el dinero recaudado en el marco del canje de deuda. Será también este fondo que decidirá a quién se otorga subsidios en Galápagos.

“Nos preocupa que se involucren ONG internacionales, entendemos sus buenas motivaciones, pero cuando se cede la autonomía administrativa y de recursos a ONG internacionales de áreas estratégicas como Galápagos y la Amazonia, nos preocupa la incidencia que pueda haber en territorio en la gestión de territorios de conflictos socioambientales”, advierte Daniel Ortega Pacheco, ex ministro de medioambiente de Ecuador, y especialista en finanza climática.

Pérdida de soberanía

“El principio de poder canjear deuda y liberar espacio fiscal y alcanzar los objetivos de desarrollos sostenible, los compartimos todos. Pero hay que hacerlo de tal manera que no se ponga en peligro la soberanía del país, y que realmente se cumpla la reducción del stock de deuda en una proporción suficiente”, indica el exministro.

Desde su fundación, el consejo directivo del fondo GLF incluye a 11 miembros de los cuales “cinco son del gobierno de Ecuador, y 6 miembros privados. De los 6 miembros, muchos son de aquí, de Galápagos: hay un representante del sector pesquero, uno de la ONG, uno del sector turismo, uno del sector academia y solo dos son privados, externos, que son los miembros fundadores del GLF, entonces para ser una ONG privada, tiene un componente de gobernanza bastante inclusivo”, responde Mónica Calvopiña, directora del Fondo.

Los estatus del fondo sin embargo recalcan que los representantes del gobierno de Ecuador nunca podrán superar al número de representantes no gubernamentales.

“Nos preocupa la gestión de esos recursos: la comunidad no forma parte del fondo que administra los recursos. Por eso hemos acompañado el reclamo de las comunidades ante el Banco Interamericano de Desarrollo que tiene un mecanismo de consulta, el MICI, y se ha iniciado un proceso de mediación”, insiste el exministro de medioambiente Daniel Ortega Pacheco.

“Esperamos que se pueda corregir y que sienta un precedente para que exista transparencia y consulta de las comunidades locales”, agregó.

La elección de Delaware como sede del fondo también es también un motivo de preocupación. Este pequeño estado estadounidense cuenta con más empresas que habitantes y garantiza la anonimidad a la hora de crear una empresa.

Experiencias pasadas contrastadas

En conclusión, Ortega Pachecho pide que es establezcan "principios de integridad que incluyen transparencia, rendición de cuentas, y que no se incluyan paraísos fiscales".

Además solicita que los proyectos de conservación de la naturaleza no dependan de transacciones financieras que no generen nuevamente deuda y gastos de transacción para los estados, como ha sido el caso para Ecuador que firmó clausulas exigentes en caso de impago de su deuda reestructurada.

Las experiencias pasadas de canje de deuda por conservación en Bolivia o Costa Rica muestran resultados variables: no siempre han permitido traer dinero del extranjero para la conservación ambiental, la inflación debilitó los proyectos, y en algunos casos surgieron conflictos con las comunidades locales indica un informe del centro de análisis Zero Carbon Analytics.

En las cumbres climáticas, los países en desarrollo insisten en que la mejor manera de proteger el planeta y luchar contra el calentamiento global es la entrega de ayuda directa, sin pasar por préstamos o bonos de deuda que agravan el endeudamiento.