Maduro y la oposición rechazan las propuestas de Brasil y Colombia de repetir elecciones

Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro plantearon como solución a la crisis en Venezuela la posibilidad de repetir las elecciones o de intentar un Gobierno de coalición.

Tanto el Gobierno chavista como la oposición liderada por María Corina Machado rechazaron este jueves las propuestas de Brasil y Colombia para poner fin a las semanas de crisis política y social que estallaron tras las elecciones presidenciales.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, plantearon como solución la posibilidad de repetir elecciones o de intentar un Gobierno de coalición a través de diferentes plataformas.

El oficialismo no tardó en mostrar su negativa. Diosdado Cabello, jefe político del partido de Gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dijo: "Aquí no se van a repetir elecciones porque aquí ganó Nicolás Maduro".

Por su parte, Maduro interpeló directamente a sus homólogos de Brasil y Colombia en una rueda de prensa. "Nosotros no practicamos la diplomacia de micrófono", dijo el presidente

"Nunca voy a decir: 'Colombia, su Gobierno debe hacer esto' y sacar en mis redes sociales un consejo, no. Cada presidente sabe, cada Estado, cada país, qué debe hacer con sus asuntos internos". También alegó que Venezuela nunca intervino en Brasil cuando el expresidente Jair Bolsonaro denunció fraude en las últimas elecciones presidenciales.

Estas propuestas también han generado polémica en la oposición. María Corina Machado, líder de la oposición, argumentó: “Si vamos a una segunda (elección) y no le gusta el resultado a Maduro, ¿qué hacemos, vamos a una tercera, y después a una cuarta o una quinta? Nosotros fuimos a unas elecciones con las reglas de la tiranía pese a las críticas de muchos y ganamos”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Maduro ganador de las elecciones presidenciales con un 52 % de los votos el 28 de julio. Los líderes de la oposición rechazan estos resultados y defienden que el ganador fue el candidato de la oposición, Edmundo González.

Hasta ahora, el oficialismo no ha mostrado las actas digitales de las elecciones, a pesar de la petición del Tribunal Constitucional, acusado de estar controlado por el Gobierno. Por el contrario, la oposición publicó en un sitio web copias de más del 80 % de las actas escrutadas, y mantienen que González ganó con el 67 % de los votos. 

A esto hay que sumar los duros informes del Centro Carter (observador autorizado por el chavismo y por las Naciones Unidas), que afirman que el resultado del CNE no tiene sustento; y las acusaciones de la Comunidad Internacional de falta de transparencia.

Brasil, Colombia y México; países que se abstuvieron en la votación de la Organización de los Estados Americanos para pedir a Venezuela que publique inmediatamente los resultados de la votación; son los principales mediadores en esta crisis política.

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue el primero en hablar este jueves. Este sugirió celebrar nuevas elecciones con "la participación de todos los candidatos (...) y dejar que observadores de todo el mundo vayan a ver las elecciones".

Lula da Silva, quien por el momento no ha reconocido los resultados del CNE, también fue directo con el líder Venezolano: "Maduro sabe que le debe una explicación al mundo".

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, mostró una postura muy similar a través de su cuenta en la red social X. "De Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad al pueblo". Además, este añadió la alternativa de crear un acuerdo político interno, al que calificó como el "mejor camino de paz".

El Parlamento venezolano, en tanto, aprobó el jueves por unanimidad una ley para fiscalizar a las oenegés, iniciativa que activistas temen restrinjan derechos civiles. Estas organizaciones son blanco frecuente de ataques desde el poder.

El texto forma parte de un paquete de leyes que Maduro pidió acelerar, que también incluye una para regular a las redes sociales y otra para castigar "el fascismo", término que suele usar el chavismo para referirse a la oposición.

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La nueva ley obliga a las oenegés a inscribirse en un registro estatal y hacer una "relación de donaciones", especificando si los fondos son nacionales o extranjeros. Su incumplimiento implica multas que pueden alcanzar 10.000 dólares y sanciones que llegan a la disolución.

"Legaliza la persecución hacia la sociedad civil", cuestionó en X la ONG de derechos humanos Provea.