Gobierno venezolano rechaza venta forzosa de filial estadounidense de petrolera PDVSA

El gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó contundentemente la posibilidad de venta forzosa de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana, y anunció el lunes que se reserva acciones judiciales en contra de los que participen en el proceso que dejaría al país sudamericano sin uno de sus principales activos en el extranjero. El plazo de recepción de ofertas de adquisición cerró la semana pasada.

“Citgo es un importante activo estratégico. Su venta forzosa constituye un nuevo episodio de la agresión multiforme que se ejecuta desde las instituciones de los Estados Unidos contra Venezuela, a los fines de expoliar al pueblo venezolano los activos que le pertenecen, en abierta transgresión de las normas que rigen la convivencia pacífica entre los Estados”, indicó la administración de Maduro en un comunicado. Dijo, además que “reitera que no reconoce ni reconocerá la venta forzosa de Citgo”.

Citgo es filial de la estatal Petróleos de Venezuela S.A., (PDVSA) desde la década de 1980. La componen tres refinerías ubicadas en Luisiana, Texas e Illinois, además de una red de oleoductos que cruzan 23 estados y contribuye con entre el 5 % y el 10 % de la gasolina que se consume en territorio estadounidense.

Citgo, entre otros activos, están retenidos —como parte de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela— con el objetivo de impedir que el gobierno de Maduro pueda realizar transacciones financieras y comerciales en el extranjero, acceder a activos internacionales de Venezuela y realizar operaciones con petróleo, oro u otros activos.

El plazo de recepción de ofertas de adquisición, establecido por el juez estadounidense Leonard P. Stark, de la Corte Federal de Distrito, en Delaware, cerró la semana pasada.

El comunicado del gobierno venezolano destacó que Venezuela y la casa matriz de PDVSA, bajo su control, fueron “excluidos de la venta judicial de Citgo y se les impidió defender sus derechos ante los tribunales estadounidenses”.

Precisó también, para tal fin, las "autoridades estadounidenses contaron con la complicidad de la Asamblea Nacional de 2015, de mayoría opositora y presidida entonces por el diputado Juan Guaidó, que, posteriormente, en 2019, fue reconocido por Washington como presidente legítimo de Venezuela, tras la reelección de Maduro en unos comicios considerados como fraudulentos por Estados Unidos y otros países.

El apoyo internacional a Guaidó disminuyó significativamente con el paso de los años y sus antiguos aliados eventualmente dieron por terminada la figura de gobierno interino. En su lugar, designaron a una comisión especial al frente del gobierno paralelo que él lideraba y ahora estos tienen el control de Citgo.

La justicia estadounidense consideró que independientemente de quién tenga el control de Citgo, la empresa debe ser vendida para honrar las deudas de PDVSA.

El juez Stark emitió el 14 de enero de 2021 un fallo a favor de la empresa minera canadiense Crystallex, después de que, en 2009, el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez expropiara las concesiones de oro e inversiones de la firma canadiense en el Venezuela. El fallo de Stark autorizó la venta de las acciones de Citgo para trasladarlas a Crystallex, como parte de una compensación de 1.400 millones de dólares a la empresa canadiense por las pérdidas que le ocasionó la expropiación por parte del gobierno venezolano.

Entre los acreedores no solamente está la minera canadiense; la lista es amplia pues Venezuela adeuda también decenas de miles de dólares en bonos que ha dejado de pagar por años.

Los acreedores de PDVSA han querido vender las refinerías de Citgo en Estados Unidos para cobrar las deudas pero eso no ha sido posible por la medida de protección extendida en Washington desde 2021 y vigente hasta agosto de 2024 que impide a los tenedores de bonos tomar el control del 50.1 % de las acciones de la empresa. Para viabilizar esa venta, el Departamento del Tesoro estadounidense debe emitir una licencia