Ecuador rechaza la condena de la OEA, pero se abre a reconstruir la confianza con México

El Gobierno de Ecuador rechazó este miércoles la amplia condena de la Organización de Estados Americanos (OEA) a su invasión a la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glas, exvicepresidente durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017), pero declaró su apertura a para reconstruir las relaciones de confianza con el Ejecutivo mexicano.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador recogió la votación de condena en el seno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la irrupción a la fuerza en la sede diplomática el pasado viernes, pero aseguró que ese fallo reconoce las posiciones de los dos países.

Ecuador, que fue el único país que votó en contra de la resolución, ha acusado a México de una presunta "concesión ilícita de asilo diplomático" a Glas por estar procesado por la Justicia por delitos comunes y tener dos sentencias de cárcel pendientes de cumplir por casos de corrupción.

Según la Cancillería ecuatoriana, su país también planteó ante la OEA sobre el supuesto "mal uso de sedes diplomáticas" y la "injerencia en asuntos internos" por parte del Ejecutivo mexicano, "acciones que mermaron la buena fe y la confianza en las relaciones diplomáticas con ese país".

Los Estados miembros de la OEA aprobaron este miércoles una resolución con "29 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la cual considera y reconoce las posiciones, tanto de Ecuador, como de México", aseguró la oficina de Exteriores del Gobierno ecuatoriano.

La Cancillería añadió que Ecuador se opuso a la condena "por las supuestas violaciones cometidas" y al hecho de que no se haya hecho lo mismo con México "que también cometió una serie de violaciones al derecho internacional".

Además de reafirmar "la obligación de los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas", la resolución señala que los Estados "también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos" del Estado receptor.

Asimismo, que "los locales de la misión diplomática no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión, tal como están enunciadas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en otras normas del derecho internacional general".

"Ecuador es un país que ha promovido, promueve y promoverá la paz, la integración Latinoamérica y las relaciones diplomáticas basadas en la defensa de la soberanía y la independencia del Estado, el respeto al principio de no intervención y la actuación de buena fe en las relaciones entre Estados", remarcó la Cancillería en Quito.

Abierto a reconstruir confianza

En este sentido, remarcó que "el Gobierno de la República del Ecuador reitera la apertura para reconstruir las relaciones de confianza con México, mediante un diálogo constructivo".

Horas antes, la ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, calificó de "justa" la resolución de la OEA al recoger la posición de ambos países, si bien solo condena lo actuado por el Estado ecuatoriano.

"Es una resolución justa, donde se ve el incumplimiento del uso de las sedes diplomáticas también, así que vamos adelante como Ecuador, vamos a hacer respetar también nuestra versión de los hechos", dijo Sommerfeld, tras comparecer en la comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional (Parlamento).

Glas, que recibió el asilo de México horas antes de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenara el asalto policial a la sede diplomática para detenerlo, tiene aún pendiente acabar de cumplir una condena de 8 años por otros dos casos de corrupción, por los cuales estuvo ya casi cinco años en prisión.

Ecuador, que había solicitado semanas atrás a México permiso para ingresar en la Embajada a detener a Glas, rechazó que el país norteamericano haya otorgado el asilo al exvicepresidente cuando está procesado judicialmente.

Glas, que siempre ha negado los cargos en su contra, se ha declarado perseguido político y víctima de 'lawfare' (utilización del aparato judicial contra adversarios políticas), una circunstancia que el Gobierno ecuatoriano ha negado enfáticamente al defender la independencia de su sistema judicial.