Crisis de la vivienda en Argentina por la inflación y la liberalización de los alquileres

Argentina atraviesa una crisis habitacional, que se evidencia en la dificultad de acceso a las viviendas de alquiler, algo que es notorio en la ciudad de Buenos Aires. El precio de publicación de departamentos de dos ambientes se multiplicó por cuatro a lo largo de 2023, según cifras del gobierno de la capital. La situación se ha visto potenciada por la muy alta inflación general y por el decreto de necesidad y urgencia emitido por el gobierno de Javier Milei en diciembre.

El decreto dejó sin efecto la ley de alquileres de 2020, que garantizaba contratos de un mínimo de tres años y que establecía, tras una modificación, actualizaciones semestrales con un índice que promediaba el aumento de los salarios y de la inflación.

Para los propietarios e inmobiliarias, el decreto ayudó a abrir el mercado, pero para los inquilinos ha significado un incremento en los precios, que algunos fueran fijados en dólares, algo que estaba prohibido antes, y una modificación en los plazos y formas de actualización de la renta a pagar.

Incremento del alquiler del 25 % del precio

En diciembre de 2023 Romina Mamani, una docente de 43 años, se enteró de que la renovación del contrato que había apalabrado con la propietaria del departamento que alquila y en el que vive con su hijo de 15 años, ya no regía. Para firmar uno nuevo iba a tener que aceptar un 25% de aumento por encima de lo que había acordado originalmente.

Dijo que no y se puso a buscar alternativas. “No encontré nada, y todo lo que era por la zona o aledaño eran números exorbitantes, precio moneda extranjera, dólar, y regulado por IPC”, dice a RFI.

El IPC es el índice de precios al consumidor, que es el que mide la inflación. Si un alquiler aumenta según ese índice es difícil, por no decir imposible, que Mamani pueda sostenerlo con su sueldo de docente, especialmente cuando la inflación en Argentina ya es del 211 % anual.

“Hay una situación gravísima, de contratos muy cortos para vivienda, de tres meses, seis meses, un año, aumentos de entre el 300 y el 500 %”, explica Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, una organización de la sociedad civil que busca proteger los derechos de aquéllos que alquilan una vivienda, como Romina Mamani.

Para Muñoz, el decreto de necesidad y urgencia, mediante el que el gobierno dio libertad de negociación en el mercado de alquileres, ha ido en detrimento de los inquilinos.

Los propietarios aplauden la medida

Sin embargo, propietarios e inmobiliarias consideran que el decreto fue positivo. Claudio Vodanovich, secretario general de la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios y ex secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina, cree que, gracias al decreto, el mercado se estabilizará y aumentará la oferta.

“Va a producir, por un lado, el descenso de los precios, la posibilidad del inquilino de poder optar entre distintas alternativas para su vivienda, y también el acomodamiento de los precios”, asegura.

Por ahora, ésta no ha sido la experiencia de Romina Mamani, que no encontró otro lugar para vivir que pueda pagar y cuando quiso volver a aceptar la oferta de la propietaria, se encontró con que la única alternativa que le daba era firmar un convenio de desalojo.

Un convenio por el que tiene garantizada la vivienda hasta junio de 2024, pero cuando llegue ese mes deberá irse del departamento.

“Yo estoy buscando, y mis contactos también están buscando. El tema es que encuentre a alguien que no me pida una locura y por eso me dijeron que espere”, nos cuenta.

Hasta entonces el Congreso o la Corte Suprema podrían rechazar el decreto y que vuelva a entrar en vigencia la Ley de alquileres de 2020. También puede ser que el decreto quede vigente.

En cualquiera de los casos, si la inflación sigue siendo tan alta, las condiciones que encontrarán Romina Mamani y otros que están buscando vivienda para alquilar seguirán siendo complicadas.