Fiscalía de México acusa a jueces de actuar en favor de exjefe de Pemex en caso Odebrecht

La Fiscalía General de la República (FGR) de México criticó este domingo a jueces mexicanos por presuntamente beneficiar al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos de la brasileña Odebrecht a cambio de contratos con el Gobierno mexicano.

“Los Jueces de Distrito y Magistrados Federales han vuelto a evidenciar notoriamente su parcialidad e ilegalidad a favor de Emilio ‘L’”, señaló la FGR en un comunicado.

Además, el Ministerio Público mexicano señaló que este actuar parcial e ilegal se da en perjuicio del Estado mexicano y la empresa estatal Pemex.

Esto, luego de que un juez mexicano del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México decidió no admitir como prueba información bancaria de Lozoya obtenida en Brasil y Suiza, ya que resolvió que las pruebas no se obtuvieron con una orden judicial.

No obstante, la FGR reprochó que la información obtenida de sus cuentas bancarias cuenta con el reconocimiento legal en la Constitución, en su artículo 133, así como que este tipo de acciones se lleva a cabo con regularidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como mecanismo de cooperación internacional.

Incluso sostuvo que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto como legales estos instrumentos.

“Hace unos cuantos días y de forma ilegal, evidentemente ilegal, violentando el Código Penal Federal, uno de esos mismos Jueces, de esa competencia, le otorgó beneficios a Emilio “L” que artículos expresos de la legislación, le niegan”, señaló la Fiscalía mexicana.

Además, sentenció que es “cada vez más evidente la conducta indebida”.

Hasta ahora, Lozoya es el más alto funcionario en México y el único implicado en este caso por corrupción, que también salpica a la brasileña Odebrecht, en uno de los casos de corrupción más grandes en Latinoamérica.

De este caso, el exdirector de Pemex presuntamente se benefició de sobornos por más de 10 millones de dólares, mientras su proceso se mantiene sin poder concluir la etapa probatoria.