Expertos dejan México y exhiben mentiras de las Fuerzas Armadas en caso Ayotzinapa

Los expertos internacionales que llevan ocho años investigando la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México cerraron el martes su trabajo en el país denunciando obstáculos a sus pesquisas y con un nuevo informe en el que, según afirman, se exponen las mentiras y ocultamiento de datos por parte de las Fuerzas Armadas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI), ya sólo integrado por Carlos Beristain y Ángela Buitrago, sale del país sin poder aclarar cuál fue el destino de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Sin embargo, consideró que el informe ofrece nuevas pruebas de la participación del Ejército en la desaparición de los jóvenes y de la Marina en el ocultamiento del crimen, por ejemplo, mediante “operativos clandestinos” que pudieron conllevar presuntas ejecuciones extrajudiciales.

“Se hace imposible continuar", aseguró Beristain. Pero dijo que los padres, que les escuchaban casi entre lágrimas, les pidieron que contaran todo con la esperanza de que la nueva información, ya entregada a la Fiscalía y al presidente, tenga consecuencias.

“El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden llegar al a verdad"; hay riesgo de “que la mentira se institucionalice como respuesta”, agregó Beristain. Todo ello a pesar de que durante esta administración hubo un compromiso presidencial para esclarecer el caso.

El informe, que cruza análisis de telefonía con documentos, fotografías, videos, declaraciones y entrevistas a testigos, afirma que la Marina realizó “un operativo de inteligencia de carácter reservado” desde el día siguiente al ataque a los estudiantes del que nunca informó y que llevó a cabo detenciones y torturas “con resultado de muerte de algunos detenidos y sin que se conozca el destino y paradero de otros”.

Los expertos pidieron investigar dos posibles ejecuciones extrajudiciales y cinco desapariciones, todas aparentemente de supuestos delincuentes porque encontraron una foto de dos cadáveres maniatados con vendas similares a las que se ven en videos de detenciones de la Marina e informes oficiales de dos muertes sin explicar.

También hallaron fotos de otros detenidos vivos siendo interrogados, que luego no fueron puestos a disposición de las autoridades y cuyo paradero no se conoce. Estas presuntas violaciones graves de derechos humanos fueron corroboradas por un testigo protegido.

La Marina, según el grupo, también participó en la manipulación de pruebas clave destinadas a ocultar lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando policías locales capturaron a los estudiantes con la participación de otras corporaciones de seguridad locales, estatales, federales y de miembros de un cártel local.

Buitrago subrayó que hubo “un control absoluto para mantener una versión”.

“Todas las corporaciones del Estado” participaron con "distintos niveles de responsabilidad", aseguró su compañero.

La actual Fiscalía General de la República ya abrió proceso penal a más de una docena de militares por desaparición forzada y ha enjuiciado, entre otros funcionarios, al ex procurador general Jesús Murillo Karam, por desaparición, tortura y obstrucción a la justicia creando una versión oficial que resultó falsa.

Pero no ha informado de la detención de ningún marino aunque acusó a dos de tortura tras informes previos del GIEI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La hipótesis más afianzada sobre el móvil —apoyada por información recibida de autoridades estadounidenses— habla del tráfico de heroína del cártel local que operaba en colusión con autoridades y militares.

“Las pruebas muestran que distintas autoridades saben lo que sucedió o tienen información relevante que no ha sido proporcionada, tal vez pensando que van a poner en la cuerda floja a algunos de sus hombres que pudieron haber participado”, denuncia el informe, lo que habla de "altas instancias del Estado como parte del crimen organizado”.

El nuevo peritaje de llamadas presentado por los expertos de la CIDH confirma un mayor protagonismo del Ejército en los hechos porque muestra la presencia de militares en sitios clave en los que negó haber estado.

Evidencia, además, cómo la Secretaría de la Defensa controló las comunicaciones durante toda la noche —incluidas las que realizaban miembros del crimen organizado a quienes tenían interceptados—, en parte porque su entonces jefe, el general Salvador Cienfuegos, así lo había ordenado para tener vigilados a unos estudiantes que consideraba subversivos, según uno de los documentos hallados.

Los alumnos de Ayotzinapa solían protagonizar protestas violentas y acudieron a Iguala a llevarse unos autobuses para usarlos en una manifestación. Aparentemente, pudieron tomar uno que contenía droga o dinero. Después de que los jóvenes fueron bajados de él ese vehículo, el autobús desapareció. Había militares en uno de los controles que cruzó, constató el GIEI.

Algunos de los documentos militares obtenidos por el grupo muestran graves incongruencias. El hallazgo del cuerpo torturado y desollado de uno de los estudiantes asesinado la noche del ataque fue reportado como localizado por miembros de dos batallones distintos en dos lugares completamente diferentes.

Otros reportes muestran cómo mandos militares pidieron “juntas para acordar las respuestas” cuando el GIEI pedía información y hablan del hallazgo de fosas clandestinas o del traslado de once estudiantes hacia la capital del estado pero sin dar seguimiento posterior.

El presidente Andrés Manuel López Obrado quiso dar un nuevo rumbo a la investigación, al declarar el ataque “un crimen de Estado”, instalar una Comisión de la Verdad y ordenar a las Fuerzas Armadas que abrieran todos sus archivos.

Pero las pesquisas sufrieron contantes vaivenes, los expertos denunciaron presiones de la fiscalía y las numerosas irregularidades de la primera parte de las pesquisas, entre ellas las torturas, hicieron que muchas acusaciones se cayeran y que algunos de los implicados quedaran libres ante la desesperación de los padres de las víctimas.

El GIEI ya se fue del país en 2016 para volver tras la llegada de López Obrador. Ahora ve imposible continuar su trabajo si las cosas no cambian porque “para que haya justicia se necesita primero que haya verdad”, señaló Beristain.