Escándalo de escuchas telefónicas pone en riesgo las reformas del gobierno de Gustavo Petro

Un escándalo de corrupción que ha sacudido al primer gobierno izquierdista en la historia de Colombia y socavado su capacidad de llevar a cabo ambiciosas reformas se agudizó el lunes, luego de la difusión de varios mensajes de voz en los que el exembajador del país ante Venezuela hace declaraciones.

En los audios, dados a conocer por la revista Semana y cargados de improperios, el exembajador Armando Benedetti habla con la jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro y amenaza con revelar detalles de su campaña presidencial de 2022 que podrían ser potencialmente perjudiciales para el mandatario.

Benedetti, que alguna vez fue presidente del Senado de Colombia, se queja de que no le dieron el puesto de ministro del Interior después de que quedó vacante en abril, y profiere insultos contra la jefa de gabinete Laura Sarabia. Dice que no le han dado el “espacio político” que merece después de ayudar a Petro a ganar los comicios del año pasado.

El exembajador alega que recaudó casi 4 millones de dólares de donantes para la campaña, e insinúa que parte de ese dinero provino de grupos del narcotráfico.

Benedetti le dice a Sarabia en tono amenazante que no va a permitir que le pasen encima. Se compara con Osama bin Laden por el derribo de las Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York y advierte que no le importa si todos los que forman el círculo de colaboradores cercanos de Petro se hunden junto con él.

"Te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca; nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos”, manifiesta en el audio.

Petro refutó los señalamientos. El lunes escribió en Twitter que su campaña rechazó donativos que no cumplieran con los requisitos legales, y agregó que en su mayor parte fue financiada con préstamos bancarios.

En una entrevista publicada el lunes, Benedetti reconoció que las grabaciones de audio eran auténticas, pero se negó a proporcionar detalles sobre la procedencia de los fondos de campaña que él había mencionado. Sin embargo, añadió que los presuntos donantes “no eran emprendedores”.

Las grabaciones son el episodio más reciente de un escándalo de corrupción que se desató en mayo, después de que Semana dio a conocer que Sarabia hizo que la niñera de su hijo fuese trasladada a toda prisa a un sótano frente al palacio presidencial después de que una maleta con 7.000 dólares en efectivo desapareció de su vivienda. Personal de la seguridad presidencial obligó a la niñera a someterse al detector de mentiras.

Posteriormente, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, reveló que los detectives habían efectuado escuchas ilegales de la niñera de Sarabia, presumiblemente por órdenes de ésta. Mientras tanto, la revista Cambio dio a conocer que la nana fue trasladada a Venezuela en un avión fletado a solicitud de Benedetti, por razones que aún están bajo investigación.

Benedetti y Sarabia fueron despedidos la semana pasada debido al escándalo, que ha dañado la credibilidad del gobierno de Petro entre los electores, y debilitado su posición ante el Congreso.

El lunes, el presidente del Congreso, David Racero —miembro del partido Pacto Histórico al que pertenece Petro_, suspendió las audiencias sobre las reformas al sistema de salud del país, su sistema de pensiones y las leyes sobre el empleo bajo el argumento de que no quiere que factores externos afecten las votaciones sobre esas reformas.

Cuando fue elegido el año pasado, Petro prometió efectuar amplias reformas al Estado colombiano, con el objetivo de disminuir las añejas inequidades en el país.

Pero las reformas propuestas por su gobierno requieren aprobación del Congreso, lo cual obligó al mandatario —cuyo partido carece de mayoría legislativa— a forjar una coalición con los partidos tradicionales que han gobernado el país durante décadas, y darles control sobre algunos ministerios gubernamentales.

Esa coalición, que incluía a liberales, conservadores y centristas, comenzó a fracturarse en abril por la ambiciosa reforma de Petro al sistema de salud, la cual pretende hacer que entidades operadas por el Estado sean las únicas administradoras de los fondos de salud pública, dejando fuera a las aseguradoras privadas.

Algunos analistas dicen que el escándalo protagonizado por estos asesores de Petro pondrá en grave riesgo la probabilidad de que el Congreso apruebe la reforma al sistema de salud, al igual que otros proyectos legislativos.

“Este (escándalo) provocará que se desbarate lo que queda de la coalición de diversas corrientes de Petro”, estimó Will Freeman, investigador de estudios latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores, un centro de investigación sin fines de lucro. “¿Quién quiere estar asociado con un gobierno que está enredado en este tipo de acusaciones?”

Freeman dijo que, para las elecciones de gobernadores y alcaldes de octubre, los partidos que pertenecían a la coalición de Petro podrían terminar postulando sus propios candidatos en lugar de asociarse con el Pacto Histórico del mandatario. “Se preguntarán si les conviene más estar en el gobierno, o en oposición a Petro, Benedetti y todas estas acusaciones de corrupción”, declaró.

La popularidad de Petro ya estaba descendiendo antes de que se desatara el escándalo, luego de que su gobierno pasara apuros para controlar la inflación y la violencia en áreas rurales, donde los ceses del fuego con una disidencia de las FARC y con la guerrilla ELN se han venido abajo recientemente.

Jorge Restrepo, director de CERAC —un centro colombiano de investigación sobre políticas_, dijo que el gobierno de Petro tendrá que renunciar a las reformas estructurales que requieren aprobación del Congreso, tales como las reformas a la salud y a las pensiones.

“Lo único que le queda es hacer gestión pública, es decir, que las cosas funcionen en términos de la administración del día a día y los programas que tienen”, señaló.