Nayib Bukele pide extender emergencia para combatir pandillas

El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele pidió el miércoles al Congreso que apruebe una sexta prórroga del estado de emergencia para seguir combatiendo a las pandillas, a las que responsabiliza de la mayoría de los crímenes registrados en los últimos meses en el país centroamericano.

“Traeremos a esta Asamblea todas las iniciativas necesarias para garantizar a la población que estos más de 52,000 terroristas capturados no regresarán a las comunidades", dijo en rueda de prensa el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en referencia a que presentarán otras reformas al Código Penal dirigidas a ese objetivo.

Después de que el 26 de marzo se reportaran 62 homicidios, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en mucho tiempo, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado.

Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.

El régimen se extendió por última vez el 17 de agosto con vencimiento el 18 de septiembre, y las autoridades adelantaron que seguirán pidiendo más prorrogas hasta sacar de las calles al último de los pandilleros.

En lo que va del régimen de excepción las autoridades han capturado a 52,549 personas, en su mayoría acusadas de formar parte de estructuras criminales o colaborar con las pandillas.

Pero organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas irregularidades, entre ellas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. El movimiento Alianza por la Paz y otras organizaciones populares han convocado a la población a sumarse el jueves a una marcha de protesta por las calles de la capital para exigir el fin del estado de excepción y la libertad de personas que según aseguran fueron detenidos de forma arbitraria.

Según la Constitución del país el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá el periodo de 30 días. Transcurrido ese plazo podrá prolongarse, por igual lapso y mediante nuevo decreto, en el caso de que continúen las circunstancias que lo motivaron. De lo contrario, se restablecerán por completo las garantías suspendidas.

En marzo, el Congreso salvadoreño también aprobó algunas reformas al Código Penal para convertir en delito ser parte de una pandilla, lo que puede sancionarse con una pena de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas, en tanto, pueden recibir condenas de 40 a 45 años.