Una investigación de Diario libre
Haití y la República Dominicana comparten la isla La Española donde la dinámica migratoria irregular deja cuantiosas ganancias a los traficantes.
Desde la isla opera una red que trafica a ciudadanos de ambos países hacia Chile, valiéndose de la falsificación de documentos y de viajes clandestinos que a veces terminan en estafas. Los traficantes operan dentro y fuera del territorio, y hay indicios que apuntan a la existencia de complicidad con funcionarios haitianos y agencias de viajes.
Asimismo, militares dominicanos se convierten en cómplices del tráfico de haitianos indocumentados que pagan sobornos en su trayecto por la región fronteriza. Los uniformados permiten que “los poteas”, una especie de coyotes, trasladen bajo la impunidad a los migrantes desde Haití -el país más pobre de América- quienes buscan empleos en sectores como la agricultura, la construcción y el turismo.
También resguardan en el trayecto a embarazadas que llegan con la intención de dar a luz en los hospitales de la República Dominicana, en donde reciben mayores atenciones médicas que en su país. Los traficantes de indocumentados aprovechan la precariedad de los hospitales en Haití para gestar un modelo de negocio para el cruce ilegal de haitianos que incluye a mujeres gestantes.
La migración haitiana hacia la República Dominicana también permite que ciudadanos encuentren un particular fin de lucro: declarar a hijos de haitianos como dominicanos valiéndose de influencias para conseguir documentos irregulares.
Estas y otras situaciones son documentadas en esta serie investigativa realizada por las periodistas Tania Molina y Mariela Mejía para Diario Libre en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
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Una investigación de Diario Libre comprobó la existencia de una red que trafica a dominicanos y haitianos hacia Chile, valiéndose de la falsificación de documentos, viajes clandestinos y estafas, y encontró indicios del involucramiento de funcionarios de Haití y de agencias de viajes.
Militares, agentes migratorios, algunos fiscales y jueces. Todos juegan en el mismo equipo y hacen que la República Dominicana se mantenga entre los países que no cumple las normas mínimas para la eliminación del tráfico de personas.
Defensa asegura que desmanteló una red que traficaba con parturientas haitianas hacia la República Dominicana. Aunque el ministro sostiene que se sometieron a la justicia los militares involucrados, no se encontró el caso en los tribunales. A las embarazadas les puede salir más barato pagar el traslado ilegal para ser atendidas en suelo vecino que buscar el servicio de salud en Haití.
A cambio de dinero e incluso bajo el argumento de un favor, ciudadanos dominicanos acuerdan con haitianos declarar a sus hijos como dominicanos para garantizarles los derechos de la nacionalidad. Se valen de documentos irregulares conseguidos mediante influencias.
