El continuo lucro de traer haitianas embarazadas

Con casi cuatro meses de embarazo “Sonel” ingresó a la República Dominicana hace menos de un año por la frontera con Dajabón. No portaba una visa pero eso no fue impedimento. La haitiana, de 26 años, dio a luz hace seis meses en la Maternidad San Lorenzo de Los Mina en Santo Domingo Este. Sus dos hijos mayores los alumbró en Haití y prefería que su último parto fuera en una nación con más acceso a medicamentos y mejores instalaciones sanitarias. Además, tenía el interés de residir con su esposo en el país.

“Aquí me atienden mejor (en Dominicana) que cuando doy a luz en Haití”, dijo a Diario Libre.

Dejó la comuna de Gonaïves y se trasladó más de 160 kilómetros hasta el pueblo fronterizo haitiano Ouanaminthe (también llamado Juana Méndez). La ayudó un buscón. Así se conoce a las personas que se encargan de tramitar el paso sin permisos, y se entienden con los agentes de seguridad o Migración. Pasó a pie el cruce limítrofe y pagó RD$500 a alguien que no identificó, a cambio de dejarla entrar sin documentos. Ya en Dajabón, abordó un autobús que la dejó en Santo Domingo.

Por el viaje ilegal pagó RD$5,000 (US$100) que le abrieron paso para que no fuera revisada en los puestos de chequeo militar de la carretera.

Los traficantes de indocumentados se aprovechan de la precariedad de los hospitales en Haití y de que la salud, aunque es un derecho constitucional, no es un servicio gratuito. Han gestado un modelo de negocio para el cruce ilegal de haitianos que incluye entre los clientes a embarazadas que buscan dar a luz en la República Dominicana. Aunque la llegada de estas mujeres ha variado desde finales del año pasado, autoridades juegan un papel cómplice y activo en el tránsito de las que procuran viajar a un país cuyo servicio sanitario, aunque muestra deficiencias, supera las limitantes del haitiano.

En octubre de 2017, el ministro de Defensa, teniente general Rubén Paulino Sem, informó del desmantelamiento de una red de militares y civiles que traficaba con embarazadas, luego de que una denuncia del exdirector del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez, sobre viajes organizados para parturientas haitianas captara la atención pública.

“En toda la línea fronteriza hay redes, no solo de dominicanos sino de haitianos, que contratan autobuses”, dijo recientemente el ministro a Diario Libre. “En la zona norte, en Santiago; en la zona sur, en Barahona, alquilan vehículos por una semana, hacen el trasiego de las personas, los llevan a los hospitales, hasta Santo Domingo. Traían personas a dar a luz. En esa red se detectó que había militares, fueron sometidos a la Justicia y los militares fueron cancelados”.

Aunque Paulino Sem sostiene que los implicados fueron sometidos para conocerles medidas de coerción, no se encontró el caso en ninguna jurisdicción ni tampoco en la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, donde su titular, Roxanna Reyes, se limitó a decir que está “en investigación”.

Diario Libre insistió al Ministerio de Defensa para que, con base en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, se brindara información sobre el caso, pero la respuesta siempre fue que se buscara en la justicia, sin especificar la jurisdicción. Al cuestionar al ministro, garantizó que facilitaría el documento con la indagación interna pero no lo hizo.

“Cuando vi esa noticia dije que eso es para tapar o callar boca y sacar el tema de los medios de comunicación”, afirmó un representante del Ministerio Público que pidió no ser identificado, al referirse al anunciado desmantelamiento y sometimiento de la red. “Todos los fiscales de las fronteras sabemos que eso es mentira, una falsa noticia”.

Para el tiempo en que se intervino la alegada red, el Ejército de República Dominicana dio de baja a 15 alistados y canceló el nombramiento de cuatro oficiales al acusarlos de tráfico ilegal de indocumentados haitianos. Según un informe de la institución, a los 19 se les responsabilizó de dedicarse a esa acción cuando estaban de puesto en varios chequeos de la Línea Noroeste, y permitir que un chofer que conducía un autobús de Transporte Cibao pasara con 20 indocumentados a cambio de dádiva de dinero. Algunos cancelados dijeron a Diario Libre que entre los pasajeros –que incluían siete mujeres– había embarazadas pero otros lo negaron.

A pesar de la acusación interna, los exmilitares no fueron sometidos a la justicia. Seis de ellos presentaron acciones de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo alegando cancelación injustificada y solicitando su reintegro, sin que tuvieran éxito. Uno del grupo apeló ante el Tribunal Constitucional y espera por un fallo.

Luego de tres meses de reporteo, el equipo de investigación de Diario Libre pudo verificar que la dinámica de las zonas fronterizas y el tráfico de mujeres parturientas continúa. Esto a pesar de que las alarmas de control se encendieron cuando se anunció la existencia de la red y la denuncia del exfuncionario de Salud.

El pasado 10 de agosto “Julie”, de 23 años, hizo el viaje ilegal con seis meses de embarazo. Completó un trayecto terrestre de 15 horas también desde Gonaïves hasta Santo Domingo. No llevó un pasaporte visado. De esos asuntos migratorios se encargó un buscón haitiano al que su madre le pagó RD$7,500 (US$150) para que le organizara el circuito como ha hecho con otros indocumentados. Con apenas tres días en el país ya tenía pautado dar a luz en la misma maternidad donde lo hizo “Sonel”.

Un tío de “Julie”, que hacía de traductor cuando ella conversó con Diario Libre, contó que la pareja de su sobrina vive en el extranjero y el padre de la joven la maltrataba. Por eso su madre acordó traerla al país. “Hablamos con un tipo aquí (un haitiano); ese tipo siempre trae gente de allá para acá”, contó el pariente.

“Julie” en la casa donde vive con su madre en Santo Domingo. (Diario Libre/Mariela Mejía)

El reglamento de aplicación de la Ley General de Migración establece la acción de detención, que es la privación de libertad y custodia de un extranjero por parte de la autoridad migratoria. Tiene su fundamento en la violación de normas migratorias de carácter administrativo. Se puede iniciar como un paso posterior a la verificación de la condición migratoria ilegal de una persona. Sin embargo, se excluye de la detención a las embarazadas o lactantes.

“Le dije a ella: si ves policía o Migración, no te asustes, porque estás embarazada”, contó el tío de “Julie” que le recomendó para tranquilizarla antes del viaje.

El buscón y el chofer del autobús que la transportó hacia Santo Domingo se las arreglaron económicamente con los militares de los chequeos de la carretera para que no la revisaran en cada control. En su deseo de no ser detectada, especialmente cuando vio un autobús de la Dirección General de Migración en uno de los últimos retenes, la joven oraba para salir airosa de su ilegal travesía.

No era la primera vez que viajaba así a la República Dominicana. Ya había estado 10 meses con su madre un año antes. Llegar en ese entonces le costó RD$6,000 (US$120). Como ahora está embarazada la tarifa fue mayor “porque la cuidan más”, explicó su tío. Le cargaron su equipaje, la alimentaron, le proveyeron agua y le guardaron un asiento de los primeros en el autobús.

Diario Libre solicitó una entrevista con el director general de Migración pero no se concedió. Al preguntar como un usuario común en las oficinas de la institución si había alguna restricción para la entrada de haitianas embarazadas, un empleado explicó que queda a discreción del inspector de turno si permite el ingreso a una con más de seis meses de gestación.

Cuando “Julie” cruzó de manera ilegal por la frontera nadie le preguntó a qué venía ni por cuánto tiempo. Tampoco a “Sonel”.

A esta última, le llegó el tiempo de dar a luz a principios de año y una ambulancia del Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1 la llevó a la Maternidad San Lorenzo de Los Mina. El personal médico está acostumbrado a recibir a las parturientas haitianas a través de este servicio gratis. Se intentó que el 9-1-1 ofreciera una cifra de atenciones a estas pacientes pero la institución respondió que no se registra la nacionalidad de las usuarias.

“Sonel” es una mujer morena, de unos 5 pies de altura, a la que le afloran los huesos por su delgadez. Dio a luz por cesárea. Hace unos meses que a su esposo lo deportaron por estar indocumentado y son vecinos haitianos quienes le proveen dinero para sobrevivir. Pero ella no piensa irse del país, es probable que su esposo vuelva como ella entró: con un buscón.

“Sonel”, una noche, cerca de donde reside en Santo Domingo. (Diario Libre/Mariela Mejía)

En busca del buscón

En barrios donde residen haitianos hay gente que tiene los contactos de buscones que organizan viajes para inmigrantes indocumentados en general. En los hospitales públicos también. En la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, en el Distrito Nacional, se consiguieron los datos de gente que ofrece el servicio.

Otro punto de referencia es las inmediaciones de la Embajada haitiana en Santo Domingo. Contiguo a la sede hay una parada de autobuses que viajan desde y hacia Puerto Príncipe. En mayo pasado, mientras pasajeros se preparaban para abordar, un empleado de la línea de transporte le indicó a una persona que le solicitó traer desde la capital haitiana a una embarazada indocumentada con ocho meses de gestación, que lo podía hacer por RD$10,000 (US$200). El monto era cercano a los RD$9,000 (US$180) que semanas antes pedía alguien de otra compañía. A ambos había que pagarles por anticipado y recoger al otro día a la mujer en Pintura (Herrera) o entre las avenidas 27 de Febrero con Defilló.

La persona le cuestionó a los choferes el porqué las tarifas eran elevadas y solicitó rebajarlas. Uno respondió: “Una mujer embarazada hasta la devuelven, hay que gastar”. El otro dio más detalles. Explicó que en los distintos chequeos militares con solo pagar entre RD$300 (US$6) o RD$500 (US$10) dejan pasar a un indocumentado, sin embargo el punto más costoso es el llamado Los Pilones (ubicado entre Azua y Peravia), donde hay que sobornar con hasta RD$1,000 (US$20) “por cada cabeza”.

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Luego de que en el segundo semestre de 2017 se reforzara la vigilancia militar y se colocaran guardias en los hospitales para evitar el ingreso de parturientas haitianas, hubo rechazo de organismos de derechos humanos. Estas acciones y debate motivaron a que en la frontera se haya extendido la idea de que a estas mujeres les está prohibida la entrada al país y provocaron que las tarifas de los traficantes aumentaran. Esto último lo confirmó el hermano de un traficante que se lucra en el paso fronterizo Jimaní-Malpasse. “En la frontera lo que más hay es buscones, los mismos Cesfront (personal militar fronterizo) se los identifican (a los haitianos)”, afirmó.

Uno de los modos de evadir el chequeo de las embarazadas es no bajarlas del vehículo en la frontera. El buscón o el chofer informa a las autoridades a quién transporta y paga por su entrada.

Otra forma es contactar a los motoconchistas que prestan servicio en los pasos fronterizos quienes las esperan para su traslado. Así se ofreció uno en Jimaní quien notificó a un viajero que llegaba desde Haití que si quería cruzar a alguna solo debía diligenciar su llegada a la frontera. Una vez en el paso limítrofe, le haría las gestiones para que la dejaran entrar y para su posterior viaje hacia Santo Domingo o al hospital provincial. El servicio le costaría hasta RD$5,000 (US$100).

En Ouanaminthe un buscón dominicano explicó cómo lo hace: “Si es una amistad mía que necesita ‘un favor’, una mujer embarazada, se le hace lo posible. Hablo con Migración, voy y la llevo (a Dominicana) y vuelvo y la traigo”.

Familia haitiana residente en Santo Domingo. La esposa tenía un embarazo complicado en Haití y su esposo convino con un buscón en la frontera con Dajabón para que le diligenciara un permiso migratorio que no enseñó a Diario Libre ni se pudo determinar a cuál se refería. El trámite le costó RD$4,000; si el buscón no fuera su amigo dijo que le costaría hasta RD$30,000. La joven dio a luz en una maternidad de la capital. (Diario Libre/Mariela Mejía)

De más de 205,000 partos de madres haitianas registrados por Salud Pública desde 2007 en la República Dominicana, se desconoce cuántas residían de forma permanente en el país. De tomarse como referencia los datos médicos que aportan las pacientes para precisarlo, la información no sería confiable ya que estas, amparándose en diferencias de idioma, se limitan en la comunicación con el personal médico y algunas llegan a los centros con gente con quienes no guardan relación.

En el caso de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia el personal de registro ha detectado que hay mujeres que se prestan las tarjetas de control perinatal y, cuando se dan cuenta, les deben preparar una nueva.

También aparecen quienes ofrecen la misma dirección. Está el caso de dos que dieron a luz el 26 de marzo del presente año y dijeron que residen en el número 10 de una misma calle del barrio Cristo Rey del Distrito Nacional. Cuatro días después otra parturienta dijo que vive en el número 5 de la misma calle. Al visitar los domicilios en ninguno habitaban las pacientes.

La Constitución dominicana establece que el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran.

Joseph Widlande, de 25 años, cruzó embarazada desde Haití y vive con su esposo en la pieza donde está fotografiada. (Diario Libre/Marvin del Cid)

Joseph Widlande, de 25 años, había llegado al país desde Haití seis días antes de conversar con Diario Libre en julio. Con tres meses de embarazo, pagó 4,000 gourdes (RD$2,875) a un buscón para cruzar la frontera con Dajabón y trasladarse a bordo de un motor hasta Pueblo Nuevo, en la provincia Valverde. El cruce lo hizo de mañana, a eso de las 10. Su intención era reunirse con su segundo esposo. Alumbrará en el país a su tercer hijo. Ambos viven en una reducida pieza, donde apenas pueden moverse, en una especie de cuartería donde residen más haitianos.

“Mi marido está aquí y tengo que parir donde está mi marido”, afirmó la joven.

Cuando Joseph dé a luz será una más de las estadísticas oficiales de asistencia a parturientas haitianas en la República Dominicana. Ella proviene del territorio más pobre de América donde se estima que más de la mitad de sus aproximadamente 11 millones de habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza de US$2 por día y la esperanza de vida promedio es de 63.5 años.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Haití la cobertura del parto por personal cualificado es de 50 %. La tasa de mortalidad materna del país la situaba al 2015 en 359 por cada 100,000 nacimientos (en Dominicana es de 92) y la neonatal de 25 por cada 1.000 nacidos vivos (de 21 en Dominicana).

El servicio en Haití es precario y se paga

Aunque la Constitución haitiana consagra el derecho al acceso a la salud, en los hospitales del Gobierno se cobra una cuota por servicios, que puede ir desde los 350 gourdes (RD$252) por una sonografía, 1,000 gourdes (RD$719) y 3,000 gourdes (RD$2,156) por un parto natural, a 10,000 gourdes (RD$7,187) por una cesárea. En cambio en la República Dominicana estos servicios los pueden recibir gratis a nivel público. Hay un principio de equidad establecido en la legislación que manda al Estado a garantizar una correcta inversión del gasto social hacia la población más pobre y vulnerable, independientemente del poder adquisitivo o diferencias sociales o de raza.

En Haití todavía la medicina tradicional tiene un peso preponderante en su gente. El Ministerio de Salud Pública y de la Población estima que entre el 40 % y 60 % de los habitantes no tienen acceso a los servicios formales de salud, algo que atribuye a una barrera económica que va desde el transporte hasta la cobertura.

A nivel nacional el país cuenta con poco más de 1,000 instituciones sanitarias de las que el 41 % son dispensarios médicos, y 3.66 prestadores de salud por cada 10,000 habitantes. En la República Dominicana los centros públicos y privados habilitados por el Ministerio de Salud Pública rondan los 3,000, pero la cifra puede duplicarse al contar los que aún no tienen acreditación.

Un reporte del Ministerio de Salud haitiano preparado tras el paso en 2016 del huracán Matthew, destaca que el 47 % de los establecimientos de salud de su país son privados, 37 % públicos y el resto mixto, lo que acentúa la fragmentación de los servicios.

Los recursos son insuficientes y mal distribuidos; casi la mitad de los establecimientos están en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, donde reside el 35 % de la población, según destaca la OMS.

En el siguiente mapa se ubica una muestra de los centros de salud públicos en la isla, concentrados hacia la zona fronteriza: