Una mesa por la igual laboral de las personas con discapacidad
Buscan sensibilizar para que empresas contraten a personas con discapacidad
SANTO DOMINGO. La coordinadora técnica de la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad en la República Dominicana (La Red), Marian Cortés, afirmó que en el país hay barreras arquitectónicas que limitan la movilidad de personas con discapacidad.
Cortés consideró que aunque hay normativas de sensibilidad universal (tanto para personas con discapacidades auditivas, físicas o motoras como para envejecientes y embarazadas), las autoridades del Ministerio de Obras Públicas no cumplen.
“Hay que entender es que no se pide sensibilizando un favor sino que se está hablando de un derecho como persona”, dijo Cortés en la segunda Mesa Consultiva de Responsabilidad Social para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, en la que participan La Red, la Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana (ADOARH) y la Asociación Dominicana de Rehabilitación con financiamiento de la Embajada Británica en Santo Domingo, la AFP Popular y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).
El director ejecutivo de ADOARH, Víctor Herrera, declaró que esta Mesa Consultiva busca sensibilizar al empresariado para que contraten personas con alguna discapacidad con iguales condiciones que las personas sin limitaciones. Para ello, indicó, están trabajando en una Guía Socio Corporativa para la contratación que explica los tipos de discapacidades y cómo adecuar los espacios laborales para favorecer la inclusión.
Los miembros de estas entidades recordaron que aún no se ha aprobado el reglamento de la Ley Orgánica sobre la igualdad de derechos de las personas con discapacidad (Ley 5-13), que establece que en las empresas privadas al menos el 2% de los puestos de trabajo debe reservarse para personas con discapacidad, lo que en empresas públicas debe ser el 5%.
Arturo Pérez Gaviño, director ejecutivo nacional de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, mostró preocupación por la ausencia de facilidades de acceso para personas con discapacidad (que según el último censo superan el millón de personas) en espacios públicos, como parques, iglesias, estadios e, incluso, en las nuevas escuelas que construye el Gobierno.