Senadores se llevan en primera lectura los incentivos fiscales para el turismo y más

De convertirse en ley el proyecto que los senadores aprobaron en primera lectura el martes, se eliminarían completamente una serie de incentivos fiscales de los que se benefician la población en general, sectores vitales para la economía local como el turismo, oenegés y funcionarios.

Entre estos se destaca la derogación de la Ley 158-01, que establece un paquete de incentivos que el Estado concede al sector turismo, entre estos la exoneración del pago en 100 % del impuesto sobre la renta para quienes promuevan o inviertan capitales en las actividades reguladas por la ley, de los impuestos de importación y de otros como el impuesto a la transferencia de bienes industrializados (Itbis) aplicables para la construcción y equipamiento de instalaciones turísticas.

Por las exenciones que recibe el sector turístico, el Estado estima que en 2022 el fisco dejará de percibir RD$7,594.2 millones.

El mes pasado, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) instó a mantener las políticas de fomento a la industria por entender que garantizan la competitividad regional del sector. Ayer, prefirió no opinar sobre la aprobación de los senadores.

A nivel general, en el proyecto de presupuesto general del Estado de 2022, el Gobierno calcula que el fisco dejará de percibir RD$285,688.7 millones por las exenciones tributarias a una serie de sectores, uno de estos es el de juegos de azar, que los senadores también incluyeron. Estos aprobaron derogar la Ley 96-88 que permite la importación de máquinas tragamonedas exoneradas de impuestos.

También aprobaron derogar el artículo de la Ley 125-01 que establece la exención de impuestos durante cinco años a las empresas que desarrollen de forma exclusiva la generación de energía renovable.

Guarocuya Félix, exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), considera que no se pueden eliminar incentivos “de golpe y porrazo” a sectores que son estratégicos en el funcionamiento de la economía, aunque consideró que una parte de la propuesta de ley es “muy rescatable”.

Los gastos educativos

Los 29 senadores que sometieron el proyecto aprobado en primera lectura buscan con este enfrentar el déficit presupuestario y que con las exenciones a eliminar se evite una reforma fiscal.

Así, el Senado aprobó derogar la Ley 179-09 sobre deducción de gastos educativos, que permite fomentar la inversión en educación y aumentar el salario efectivo de las personas. La DGII reportó en 2020 que su aplicación mostraba “resultados satisfactorios”.

Informó que el total de declarantes aumentó 4.3 %, al pasar de 33,155 personas en 2019 a 34,588 en 2020. Además, que el alivio tributario recibido por los contribuyentes en forma de devolución o compensación pasó de RD$344.3 millones en 2019 a RD$392.3 millones en 2020, con un incremento de 14.0 %.

“A partir de estos resultados, se puede constatar la alta credibilidad de los ciudadanos al proceso de devolución”, dice la entidad.

Industria textil

Los senadores también incluyeron a la industria textil. Aprobaron derogar dos artículos de la Ley 56-07. Uno de estos permite que la importación o compra en el mercado local de insumos, materias primas, maquinarias, equipos y servicios establecidos en la ley, realizadas por empresas de la cadena textil, confección y accesorios; pieles, fabricación de calzados y manufacturas de cuero, estén exentas de Itbis y demás impuestos.

En el proyecto de presupuesto 2022 se estima que el fisco dejará de percibir RD$528.7 millones por las exenciones tributarias al sector manufactura textil.

Los presidentes de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, y de la Confederación Dominicana de las Micro, Pequeña y Medianas Empresas de la Construcción, Eliseo Cristopher, favorecen eliminar las exenciones fiscales a todas las industrias, y aseguran que de esa manera las grandes empresas competirían en igualdad con las pequeñas.

Sin embargo, la vocera del bloque de diputados del PRD, Fiordaliza Peguero, considera que detrás del proyecto de ley habría un trasfondo y un fuego “que se quiso apagar”.

Tanto ella como los perremeístas Amado Díaz y Soraya Suárez, y el reformista Máximo Castro, advierten que un tema de esa naturaleza debe estudiarse en profundidad y consultar a expertos financieros.

Los vehículos

Los senadores también aprobaron en primera lectura derogar la controversial Ley 57-96, que permite la importación abierta de dos vehículos a los legisladores durante los cuatro años que dura un periodo congresual, sin pagar los impuestos aduanales. También, el artículo de la Ley 327-98 que permite a los jueces del orden judicial importar cada cinco años un vehículo libre de gravamen, y el artículo de la Ley 133-11 que también concede ese privilegio a los miembros del Ministerio Público.

Desde el 1 de enero de 2010 hasta el 12 de septiembre de 2021, bajo el privilegio que les concede dicha ley, se trajeron a la República Dominicana 1,148 vehículos a nombre de legisladores cuyos valores en el país de origen o procedencia suman US$132,964,375. Estas unidades representaron un sacrificio fiscal de RD$2,649,859,207.26 por exonerarle los impuestos de rigor.

En esos mismos años, los miembros del Consejo del Poder Judicial y del Ministerio Público, importaron 1,885 vehículos, que representaron un sacrificio fiscal estimado por el Ministerio de Hacienda de RD$1,218.4 millones.

Legisladores entrevistados por Diario Libre, para un reportaje publicado en septiembre, reconocieron que es usual entre los diputados y senadores vender a concesionarios y particulares las exoneraciones que les corresponden, por US$20,000 o RD$1 millón. Algunos lo justificaron argumentando que este dinero les permite cubrir gastos de sus campañas electorales.

Industria cinematográfica

Los senadores también aprobaron derogar varios artículos de la Ley 108-10. Uno es el 34, que establece que las personas jurídicas que realicen inversiones en entidades cuyo objeto exclusivo sea la producción de obras cinematográficas de largometrajes dominicanos previamente aprobados por la Dirección General de Cine, tienen derecho a deducir el 100 % del valor real invertido del impuesto sobre la renta a su cargo.

También, el artículo 35, que indica que, por 10 años, la renta de los productores, distribuidores de largometraje dominicanos en el territorio nacional o en el exterior, y exhibidores, que se capitalice o reserve para desarrollar nuevas producciones o inversiones en el sector cinematográfico, será exenta hasta del 100 % del valor del impuesto sobre la renta.

En el proyecto de presupuesto general de 2022 se estima que el Estado dejará de percibir RD$5,012.5 millones del sector cinematográfico por las exenciones de que disfruta.

Las ONG

Las organizaciones sin fines de lucro también sufrirían un revés, de aprobarse en definitiva la ley propuesta. Los senadores dieron el visto bueno en primera lectura a derogar el artículo 50 de la Ley 122-05 que exime a estas entidades del pago de todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales, de carácter nacional o municipal, vigentes o futuros.

Para el 2022, el Gobierno calcula que por las exenciones a las ONG el fisco dejará de percibir RD$4,008.5 millones.