Resolución del Ministerio de Trabajo no ha frenado suspensiones de contratos

La resolución del Ministerio de Trabajo en la que exhorta a las empresas a enviar a sus empleados de vacaciones pagadas no ha frenado la decisión de varios establecimientos de suspender los contratos laborales y despachar sin pago de salarios a sus trabajadores.

Empresas de call centers y varios hoteles, predominantemente, están entre los establecimientos que más están aplicando la medida de la suspensión de contratos por periodos que incluso superan el plazo de la declaratoria de emergencia nacional, según denunció el dirigente sindical Rafael “Pepe” Abreu.

Agregó que hay empresas acogiéndose al límite máximo de 90 días de suspensión laboral que indica el Código Laboral dominicano. En otros casos, algunos establecimientos de zonas francas no están notificando el plazo que regirá para la suspensión, según pudo ver Diario Libre en cartas expedida a trabajadores.

“Se está recurriendo a la medida extrema de pedir la suspensión por 90 días, más allá del plazo del estado de excepción que se aprobó en el Congreso, que fue de 25 días. Uno sabe que son empresas que lo hacen porque prevén que este estado de excepción no va a durar 25 días y que va a ir más allá”, dijo el dirigente sindical.

El Ministerio de Trabajo instó, a través de la Resolución 07-2020 aprobada el pasado 18 de marzo, a que en aquellos establecimientos que deben permanecer cerrados por fuerza mayor se otorgue el beneficio de vacaciones remuneradas a sus trabajadores y que, en el caso de aquellos empleados que no tengan suficiente antigüedad para gozar del descanso anual, que se les avance una semana de vacaciones remuneradas y otra semana adicional a cargo de la empresa.

Abreu dijo que no se trata de una situación generalizada y que conoce casos, especialmente en el sector industrial y comercial, que han acatado el llamado del despacho laboral a través de la resolución, pero su temor es que la crisis por la propagación del nuevo coronavirus se extienda en el tiempo.

La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), justo un día antes de que el Ministerio del Trabajo emitiera sus exhortaciones, publicó un documento de recomendaciones realizadas por su asesor en materia laboral, Carlos Hernández, en el que sugiere los dos caminos que permite el Código Laboral: el adelanto de las vacaciones o la suspensión temporal de los contratos de trabajo sin pago de salarios.

Según el artículo 51 del Código Laboral, la suspensión de contratos a los trabajadores es posible cuando, entre otras causas, ocurra algún evento que por “caso fortuito o de fuerza mayor (...) tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la interrupción temporal de las faenas”.

Pero el abogado Rafael Alburquerque, dice que, aunque la resolución del Ministerio de Trabajo incluya exhortos, se trata de la palabra de la máxima autoridad laboral del país en un momento inédito, por lo que esas normas deben ser acatadas.

Agregó que cualquier trabajador que se sienta afectado por la suspensión de contratos con motivo de la emergencia sanitaria, tiene derecho a reclamar ante el Ministerio de Trabajo o a través de tribunales laborales.

La situación de los contratos suspendidos se ha concentrado, sobre todo, en empresas de zonas francas y en algunos establecimientos hoteleros, señaló por su parte Rafael “Pepe” Abreu. Como teme que la situación se se profundice y afecte a más trabajadores, el dirigente sindical expresó que tuvo contactos con la Comisión de Alto Nivel que está manejando la situación del COVID-19 para que tomen medidas que protejan los ingresos de los trabajadores, así como sus empleos.

El gobierno creo una instancia especial para implementar mecanismos que frenen el impacto del nuevo coronavirus en la economía y, por ende, entre los trabajadores. La Comisión para atender los Asuntos Económicos y de Empleo funciona desde hace menos de una semana y es coordinada por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero. En la misma participan el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Ariel Jiménez y el ministro de Trabajo, Winston Santos. También participan los directores de Impuestos Internos y de Aduanas, así como el administrador del Banco de Reservas y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

Hasta los momentos no han dado a conocer medidas específicas para atender la situación de las empresas y sus trabajadores, más allá de la resolución que un día antes emitió el Ministerio de Trabajo en el que exhortó a las empresas a otorgar vacaciones pagadas a sus empleados.

En un comunicado de prensa, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, dijo que el objetivo del gobierno es lograr "que los trabajadores formales mantengan sus empleos y que las empresas que tengan que cerrar momentáneamente reciban una compensación y que sea participativa en ambas vías".

La vía de la compensación salarial

Rafael “Pepe” Abreu dijo que “se van a anunciar medidas para el trabajador que está afectado por esa situación” de los contratos suspendidos. No adelantó sobre las conversaciones con la comisión especial que atiende la crisis generada por el nuevo coronavirus.

De su lado, Albuquerque dijo que es de extrema urgencia aplicar compensaciones salariales que corran por cuenta del Estado dominicano porque las empresas, ante el parón de actividades y de sus flujos de caja, no tienen cómo asumir los próximos salarios de sus empleados.

“Hay que buscar una forma de auxiliar a los trabajadores porque, de lo contrario, no va a ser el coronavirus. Los va a matar el hambre”, dijo.

El abogado, quien ha ejercido cargos como la Vicepresidencia de República Dominicana y la Secretaría de Trabajo (como antes se le conocía al Ministerio de Trabajo), dijo que hay recursos acumulados en los fondos de riesgos laborales que ascienden a unos 19,000 millones de pesos.

Abreu, por su parte, añadió que una opción, en caso de que se profundice la crisis, puede ser que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) permitan préstamos blandos a los trabajadores que cotizan en ellos, que luego sean regresados en cuotas para no afectar los ahorros de cara a las jubilaciones en el futuro.