Puerto Rico desviará fondos de empresas públicas para “tratar de pagar” la deuda

SAN JUAN. El Gobierno de Puerto Rico anunció hoy la utilización de fondos de empresas públicas para “tratar de pagar” los vencimientos de deuda a los que tenía que hacer frente hoy, pero advirtió de que es una solución temporal y necesita la intervención urgente de Washington.

“Ante el rápido deterioro de la situación (...) he ordenado la retención de ingresos asignados a ciertas entidades públicas para el pago de las deudas”, explicó el gobernador, Alejandro García Padilla, ante el Senado federal en Washington, según el texto de su discurso difundido por La Fortaleza, la sede del Gobierno.

Sin embargo, apuntó que ello supone “incurrir en el pago de nuestras propias deudas” y entrar en un “caótico proceso” que únicamente se podrá detener si, según dijo, el Congreso de EE.UU. autoriza a la isla a acogerse a la Ley federal de Bancarrota.

Sin aclarar expresamente si se pagarán los 354 millones de dólares a los que este Estado Libre Asociado a EE.UU. tiene que hacer frente hoy, el líder del Ejecutivo boricua dijo haber activado los mecanismos necesarios para pagar las deudas respaldadas constitucionalmente, sin tener que dejar de financiar la prestación de servicios básicos para la población.

Los inversores temían que el Gobierno optara por no pagar íntegramente esa cantidad, de la que 267 millones se corresponden con deuda garantizada por la Constitución de Puerto Rico.

Una falta ante esas obligaciones supondría el primer impago de fondos garantizados en la historia de Puerto Rico y previsiblemente el inicio de una larga batalla legal con los bonistas y la erosión de su ya mínima capacidad para acudir a los mercados para tratar de reestructurar y reducir su deuda total, que ronda los 72.000 millones de dólares.

García Padilla explicó que se encuentra en la disyuntiva de elegir entre pagar la deuda a los bonistas o proveer los recursos necesarios para proteger “la vida, la salud, la seguridad y el bienestar” de los puertorriqueños.

El pasado agosto, el Gobierno de la isla ya incurrió en un impago de unos 57 millones de dólares de la Corporación para el Financiamiento Público, cuya deuda no tiene el pago garantizado por la Constitución.

“A partir de hoy el Gobierno central tendrá que retener ingresos que están comprometidos con ciertas emisiones de bonos. Hemos tomado esta difícil decisión con la esperanza de que el Congreso actué pronto”, dijo a los senadores.

Las empresas públicas sobre las que se ha ordenado la retención de ingresos “tienen en circulación aproximadamente 7.000 millones de dólares en bonos”.

“Básicamente, hemos comenzado a dejar de pagar esa deuda (no garantizada por la Constitución) en un esfuerzo por tratar de pagar los bonos y garantizar los recursos suficientes” para pagar los servicios públicos.

Añadió que Puerto Rico ya ha hecho “sacrificios significativos durante la última década” para tratar de salir de la crisis, por lo que pidió a Washington que “actúe de inmediato” para permitir a la isla tener un mecanismo legal que regule una declaración de quiebra y un proceso ordenado de reestructuración de deuda.

“Nunca hemos pedido un rescate y tampoco lo estamos buscando hoy”, aclaró el mandatario.