Acofave denuncia subvaluación de vehículos importados usados de hasta 53 %

La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) denunció ante el Ministerio de Hacienda que “las políticas públicas vigentes favorecen a los vehículos usados en detrimento de los nuevos”, y la subvaluación de los primeros le está generando pérdidas al fisco. 

Acofave calcula que en los siete primeros meses del 2022 continuó la tendencia a la subvaluación de los vehículos usados.

Usando el estándar de Kelley Blue Book -una empresa de valoración de vehículos e investigación automotriz-, estima la subvaluación en 52.9 %, para los procedentes de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. El monto dejado de percibir por el fisco sería 30,471,659,856 pesos.

Al comparar los valores declarados por los vehículos usados con la tabla de valores de estos creada por la Dirección General de Aduanas (DGA) en julio de 2021, Acofave estima el nivel de subvaluación en 23.39 % y el monto dejado de percibir por el Estado en 777,963,367 pesos.

Pero si compara los valores declarados por los usados con la aplicación estricta de la letra del acuerdo suscrito por la DGA con la asociación de dealers en el 2005, la subvaluación la calcula en 18.43 % y lo dejado de percibir en 575,653,184 pesos.

“Se han utilizado tres metodologías para cerciorarnos de que, no importa la fórmula que se utilice para calcular la subvaluación y correspondiente defraudación al fisco, los montos son significativos”, enfatiza el gremio.

Factores que inciden

En un análisis remitido el mes pasado al ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, Acofave explica que durante el 2022, los valores de los vehículos usados han aumentado, como consecuencia de la crisis producida por la escasez mundial de chips electrónicos para fabricación de vehículos, que ha generado una mayor demanda de los de segunda mano por la disminución de la oferta de los nuevos en los países de donde provienen las unidades usadas hacia República Dominicana.

Indica que, a partir del cambio de administración del 2016, se presentó un cambio significativo en la proporción de la cantidad de vehículos usados y nuevos, elevándose dicha proporción de 2.02 usados por cada nuevo importado a 4.97 en 2020.

A partir de la nueva administración que asumió en el 2020, esta proporción muestra una tendencia a la baja con 3.88 en el 2021 y un estimado de 2.86 para el 2022, reporta.

“Al parecer, las autoridades que asumieron en el 2016 entendieron que era más conveniente para sus intereses estratégicos que los ingresos fiscales provinieran de la venta de muchos vehículos usados en vez de vehículos nuevos”, dice Acofave. 

“La administración anterior -agrega- había expresado estar clara que cada vehículo nuevo significaba como promedio cinco veces los ingresos fiscales de uno usado”. 

La asociación cita entre los factores que también inciden en el aumento de los vehículos usados la valoración de las unidades, que al ser devaluadas en relación a su valor de mercado, “permiten la defraudación del fisco por el pago de impuestos por debajo de lo establecido por la ley y la competencia desleal que afectan a los importadores que declaran correctamente”.

Además del impacto negativo al fisco, la estrategia de generar un nivel de ingresos con base en un alto volumen de vehículos usados, “es la responsable del caos vehicular que sufren la mayoría de las ciudades del país”, dice Acofave.

Denuncia que esta situación “se hace significativamente más grave con los vehículos pesados que, conjuntamente con las motocicletas, constituyen el mayor peligro para los accidentes de tránsito”. “Como resultado de estas actuaciones, se han desconocido los compromisos asumidos por la República Dominicana para contribuir a la reducción del cambio climático mundial”.

Alegada permisividad

Acofave señala la existencia de permisividad (que funcionarios de la DGA argumentan venía de administraciones anteriores) para la violación de los cinco y 15 años de antigüedad para los vehículos usados, ligeros y pesados respectivamente.

Dicha permisividad -indica- consiste en que mientras la ley habla de la fecha de fabricación para determinar la elegibilidad de las unidades, la DGA utiliza el año calendario (año modelo) del vehículo y no la fecha (o por lo menos el mes y año) de fabricación.

También, recuerda que está  prohibida la importación de unidades con el guía a la derecha, pero denuncia que se traen modificados y hasta a medio modificar.