Economistas evalúan propuesta para modificar presupuesto y prevén dificultades para próximo año

Modificar el presupuesto nacional para continuar frenando el impacto directo de las consecuencias del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, sumado a retos económicos que enfrentan los sectores productivos tras la pandemia del COVID-19, es positivo y necesario, siempre y cuando se orienten a las áreas necesarias para evitar un déficit mayor, consideran economistas consultados.

El Poder Ejecutivo sometió el jueves al Congreso Nacional el proyecto de ley que modifica la Ley 345-21 del Presupuesto General del Estado para el 2022, en el que contempla incrementar en 114,001.6 millones de pesos la planificación de los gastos para el cierre de este año, de los cuales se prevé que cerca del 68 % se utilicen para mantener una serie de subsidios, entre estos a los combustibles y a la energía eléctrica.

Con la modificación propuesta, el total de gastos pasaría de los 1,046,280.7 millones de pesos estipulados en el presupuesto vigente a 1,160,282.3 millones de pesos, para un incremento neto de 114,001.6 millones de pesos, sin necesidad de financiar los recursos, indicó el ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente.

El economista Henri Hébrard considera que es razonable y necesaria la modificación propuesta en vista de que la situación económica que se vive a nivel internacional impulsa a derogar ingresos para mitigar el impacto. Sin embargo, advierte que ahora el gobierno se verá enfrentado a un nuevo reto para el 2023, para poder planificar un presupuesto que no exceda los niveles de la deuda.

Sostuvo que la ejecución presupuestaria para lo que resta de este 2022 no es un problema para el gobierno, debido a que el patrón de ingresos, los cuales han superado las estimaciones, va a permitirle a las entidades recaudadores reorientar el excedente para aminorar la presión inflacionaria y contribuir a que los sectores productivos se mantengan operando.

Hébrard detalló a Diario Libre que el incremento de los ingresos y la revaloración de la moneda local que disminuye el servicio de la deuda, son las variables que favorecen la variación en el presupuesto sin necesidad de financiamiento, que es aún más positivo para la economía dominicana.

Con la modificación al presupuesto para lo que resta de año, el déficit fiscal pasaría de 3.0 % a 3.6 % del producto interno bruto (PIB), para un aumento absoluto de 47,395 millones de pesos, una variación significativa consideró el economista.

Al referirse al subsidio a los combustibles, el cual alcanzaría 40,000 millones a finales del año -de acuerdo a la modificación propuesta-, expresó: “Me parece bien que el gobierno haya previsto mantener los subsidios para fin de año, sobre todo, porque hay capacidad fiscal para hacerlo, y con ello se contiene un poco la inflación”.

Calcula que, partiendo de la cotización del petróleo de Texas, que se ha mantenido por debajo de los 90 dólares el barril, el subsidio semanal de los combustibles sería de aproximadamente 500 millones de pesos, que será suficiente para enfrentar la fluctuación del precio internacional del crudo.

Con menos positivismo evalúa la propuesta de modificación presupuestaria el economista y exgobernador del Banco Central, Guillermo Caram, quien consideró que lo sometido por el Poder Ejecutivo se presenta con el propósito de legalizar gastos ya consumados.

“En esta ocasión se procura legalizar gastos extraordinarios en subsidios, principalmente el de los combustibles y el sistema eléctrico, entre otros; algunos no previstos en el presupuesto original, como el de los combustibles y otros, para justificar los incrementos en los montos gastados”, dijo. 

Detalló que el procedimiento infringe un "duro golpe a la institucionalidad" puesto que se aprueba posteriormente lo ya gastado al margen de las leyes. Además, calculó que la propuesta se sometió en una fecha tardía, en relación con los plazos establecidos en las leyes.

El proyecto lo presentaron “cuando ya se está terminando el año, en lugar de someterlo a mitad del ejercicio fiscal como éstas leyes precisan”, apuntó. 

Al responder algunas preguntas, Caram manifestó que se fomenta una cultura de subsidios que frena el emprendimiento de negocios y talleres, disminuye la oferta de mano de obra, aumenta la propensión a la ociosidad, “madre de todos los vicios, estimuladores de la delincuencia”, y deja espacios vacíos de la demanda de mano obra que suelen llenar inmigrantes ilegales. 

Añadió que la solución para enfrentar la crisis es inadecuada y “pírrica”. Entiende que para solucionar los efectos de la inflación se requiere subsidiar la producción para aumentar la oferta, en lugar de seguir subsidiando el consumo para aumentar la demanda. 

A contrapelo de esta concepción, todas las partidas incluidas en el presupuesto complementario incrementan el subsidio al consumo generador de demanda; mientras ninguna alienta la producción para aumentar la oferta de bienes, concluyó.