Las otras amenazas: riesgos apocalípticos que acechan a las finanzas públicas de República Dominicana

Cuando de la tranquilidad de la economía se habla, lo que lleva a pensar en las amenazas, los analistas hablan del crecimiento, de su estabilidad, pero igual de sus demonios. Entonces la atención puede que se centre en los choques externos, la recesión o depresión económica, el desempleo, la insostenibilidad de la deuda externa, y un largo etcétera.

Sin embargo, la tormenta puede llegar del Cielo o del convulso magma del centro de la Tierra, no solo de la economía, o de las decisiones de los ciudadanos y sus gobiernos. Y todos sus efectos tienen el potencial de golpear las finanzas públicas y su capacidad de mitigar las consecuencias. Son las otras caras de los riesgos fiscales.

Huracanes, terremotos, inundaciones cada vez más intensos y frecuentes; alzas en espiral en los precios del petróleo y su impacto en el sector eléctrico; y el derrumbe de sistemas de pensiones: Son, entre otros, jinetes apocalípticos que amenazan en el tiempo, igual que en las de los restantes países, a la salud de las finanzas públicas de República Dominicana.

Éstas, como la de cualquier otro país en el mundo, se encuentran expuestas a diferentes factores de riesgos de diferentes naturalezas que van desde los económicos, sociales o geográficos.

Y como tal, según un informe del Ministerio de Hacienda, todo gobierno debería ser capaz de “identificar, analizar y anticipar las amenazas y la eficacia de las estrategias de mitigación”, lo que es considerado “un elemento institucional importante”.

Es un tema que parece haber despertado en el gobierno una saludable preocupación, que por primera vez se expresa en el primer informe público sobre “Análisis de Riesgos Fiscales”, incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2020.

Este informe es el resultado de un trabajo que concretamente se inició en 2014, cuando el Centro Regional de Asistencia Técnica y Capacitación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (CAPTAC-DR, por sus siglas en inglés), desarrolló el mapeo de los riesgos fiscales en la República Dominicana.

Según el informe, publicado en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado del 2020, el esfuerzo continuó en el Ministerio de Hacienda, identificándose como principales vulnerabilidades en las finanzas públicas los choques macroeconómicos asociados a los precios de la materia prima (commodities), la alta probabilidad de ocurrencia de desastres naturales, sistemas de pensión deficitarios y ausencias de cálculos actuariales, la falta de estudios sobre alianza público-privada, y la descapitalización del Banco Central.

Los desastres naturales

Ciclones, terremotos, inundaciones, y hasta un meteorito sobre nuestra cabeza, si fuera el caso. De eso se tratan los desastres naturales, que además de matar, cuestan.

“Esto cobra importancia debido al incremento significativo en la frecuencia de ocurrencias de estos desastres en los últimos 50 años, pasando de un evento cada dos años en promedio en la década de los años 1960, a casi un evento por año en la década de 1990, y a 2.6 eventos por año en la década del 2000”, dice el informe.

Estima que entre los años 1960-2017, las pérdidas directas provocadas por los eventos más severos en la República Dominicana se estimaron en 8,606 millones de dólares. La mitad de las pérdidas provocadas por esos eventos se concentraron en los sectores agrícolas y de infraestructura de transporte.

El informe de Hacienda revela que al asumir en el pasado esos pasivos contingentes, el Gobierno “ha creado varios antecedentes y (que) muy probablemente se verá obligado, por presión social o política, a volver a asumir esos pasivos en caso de desastres futuros”.

Revela que, como parte de la colaboración con el Banco Mundial, se elaboró el Perfil de Riesgo, el cual permite evaluar las probables pérdidas económicas asociadas a las amenazas sísmicas y de vientos de huracanes.

A partir de ese perfil de riesgo, se estima en 153,000 millones dólares el daño potencial que los desastres naturales puede representar para los bienes inmuebles de República Dominicana, lo que incluye a Santo Domingo, Distrito Nacional y San Cristóbal.

Se informa que el 43% de esos posibles daños se concentraría en el área metropolitana del Gran Santo Domingo.

Asimismo, que el 83% de los bienes inmuebles expuestos se encuentran en las áreas urbanas, y el restante 15% en la zona rural.

De acuerdo al informe, existe una probabilidad anual de un 2% de que las pérdidas por terremotos superen los US$3,176 millones de dólares. También de un 2% de que los daños provocados por los huracanes superen los US$6,124 millones.

De hecho, eso ya es una realidad. Pero a una escala menor, según las estimaciones. Se calcula que las pérdidas incurridas cada año se elevan a US$345 millones para vientos huracanados, y a US$297 millones para sismos. Estas pérdidas equivalen a 0.4% y 0.3% del PIB, respectivamente.

El petróleo y la economía

En los riesgos asociados a las variaciones de supuestos macroeconómico predominan los precios del petróleo, un “commodities” que es la sangre negra que circula por las venas de la economía dominicana y que la mueve.

Las variaciones en los precios del petróleo impactan en los ingresos fiscales recaudados por los impuestos a los hidrocarburos, que a su vez dependen de los precios internacionales de esa mercancía.

A través de las recaudaciones de los impuestos selectivo al consumo de hidrocarburos, se alimentan las finanzas del Gobierno Central. Pero por el lado de los ingresos recaudados por esos impuestos, el análisis reflejó “cierto grado de resiliencia” frente a las variaciones de los precios del petróleo, que se expresa en que “no se tradujeron en variaciones importantes en las recaudaciones de esos impuestos”.

Sin embargo, otros cantares son los gastos, que son afectados “sustancialmente” a través de compra de energía de las empresas públicas de electricidad, donde influyen factores como la composición actual de la matriz de generación de electricidad, basada aun en gran parte en los hidrocarburos.

A esto se suma el costo fiscal de la congelación de la tarifa del servicio eléctrico para los hogares. Esto provoca un aumento de los déficits financieros en las empresas distribuidoras de electricidad que, al ser afectadas por el incremento de los precios de compra de energía, les incrementa “el volumen de facturas pendientes de pago a los generadores privados y demás proveedores”.

En concreto, por cada dólar que el precio del petróleo se incrementa, “el déficit operacional de las distribuidoras aumenta en promedio US$12.7 millones”, revela el informe.

Por ejemplo, en 2018, el precio promedio del barril de petróleos y derivados, fue de 58.45 dólares, lo que superó en 11.28 dólares el precio promedio del 2017.

Entonces, dependiendo de la “composición actual de la matriz de generación de energía”, el déficit de las distribuidoras varió en un valor por debajo o por encima de 143.2 millones de dólares.

De acuerdo al informe, en parte esto ha cambiado porque se “se han tomado ciertas medidas para eliminar la dependencia que posee el sector eléctrico”.

Cita entre ellas “la construcción y puesta en marcha de dos unidades de la Central Termoeléctrica Punta Catalina”, así como la conversión de generadores de fuel oíl a gas natural, además del impacto futuro que tendrá la construcción de un nuevo gaseoducto, que transportará el gas natural a las plantas a las generadoras Quisqueya I de Pueblo Viejo Dominicana, Corporation (Barrick), Quisqueya II de EGE Haina, Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) del Grupo Basic Energy, La Sultana del Este de EGE Haina y Los Orígenes de Miguel Feris & Co.

Las pensiones y sus riesgos

Se trata de los riesgos vinculados a las pensiones de repartos que se paga desde el Ministerio de Hacienda, a través de su Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Se calcula el pasivo asociado a los pensionados actuales, “tomando en cuenta el gasto futuro por prestaciones sociales hasta el fallecimiento de estos”. El valor presente de esa deuda es calculado en un 5.5% del PIB estimado al 2019.

De acuerdo al marco macroeconómico reestimado a septiembre de 2019, este 5.5% del PIB representa, en dinero actual, RD$250,735.7 millones.

Este monto no incluye aun, “los ingresos de los que laboran actualmente y contribuyen al sistema”, revela el informe.