La empinada montaña de deuda pública que deja la pandemia

Casi la mitad de los ingresos públicos se financiarán con endeudamiento ante el impacto del COVID-19 en la economía

El impacto de la pandemia sobre las cuentas fiscales parece mucho mayor a lo esperado. No solo el nuevo gobierno de Luis Abinader estima una caída económica mayor, de 4 %, -la administración de Danilo Medina estimaba un crecimiento neutro, de 0 %-, sino que la incidencia de ese retroceso sobre los ingresos tributarios será profunda.

La caída de los ingresos corrientes (en los que el endeudamiento no está incluido) se estima de 18.7 % con respecto al Presupuesto General del Estado 2020 aprobado a finales del año pasado por el Congreso, cuando el COVID-19 ni siquiera se asomaba en el panorama. Por eso, las necesidades de financiamiento se han disparado en 143.3 % con respecto a las cuentas presupuestarias originales.

Eso se traduce en que prácticamente la mitad de los ingresos del país en este año se tendrán que cubrir con endeudamiento, un escenario inaudito.

Serán 599,225.4 millones de pesos que deberán buscarse en los mercados domésticos, internacionales o entre los organismos multilaterales para intentar equilibrar el desbalance que ha provocado la pandemia.

A tres meses de declarada la pandemia, el gobierno anterior debió solicitar una corrección al presupuesto que reflejara la caída de los ingresos y las necesidades de mayores recursos para atender la emergencia sanitaria. En junio el Congreso aprobó una reforma presupuestaria que elevó la necesidad de endeudamiento a 37 % de los ingresos de todo el año. Ahora, en agosto, el nuevo gobierno debe hacer una nueva revisión que ahora sitúa el financiamiento como fuente de un 49.5 % de los ingresos totales del año.

¿Qué cambió?

Lo que amplió la necesidad de endeudarse a tales niveles es el mantenimiento de la emergencia sanitaria, que este miércoles se solicitó extenderla por 45 días más, hasta mediados de octubre y, con ella, toda la batería de subsidios sociales y gastos en salud que no estaban previstos.

Aumentan las apropiaciones del ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por RD$17,467.7 millones, en el marco del plan contra el COVID-19 que incluye más pruebas, la contratación de más médicos, la ampliación de camas hospitalarias y en unidades de cuidados intensivos.

También se incrementa la necesidad de recursos para atender un nuevo año escolar virtual. Los gastos del Ministerio de Educación suben en RD$10,000 millones por la compra de laptops y tabletas para estudiantes y docentes del sistema de escuelas públicas, y también por el subsidio en servicios de conectividad para los hogares más pobres.

Los subsidios sociales se llevarán más dinero que la atención sanitaria y educativa. La decisión de mantener hasta diciembre programas de atención de emergencia como Quédate en Casa, el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) y el programa al trabajador informal Pa' Tí dispararán el gasto en unos 88,980 millones de pesos, de acuerdo a las estimaciones del gobierno.

El alza de la deuda

A julio el nivel de la deuda externa e interna del SPNF se situó en US$39,151.9 millones, un monto que equivale al 48.2% del PIB, según los datos de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.

El saldo de deuda del SPNF está compuesto en un 66.1 % por deuda externa, la cual presentó un saldo insoluto de 25,888 millones de dólares; mientras que el 33.9% restante corresponde a deuda interna, que totalizó unos 13,263.8 millones de dólares.

Y con la solicitud de una reforma presupuestaria por parte del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional se entiende que subirá más.

De acuerdo a la propuesta de presupuesto complementario presentado al parlamento, la apuesta es a recoger financiamiento en los mercados internacionales.

De los 159,983 millones de pesos que se estipularon en el Presupuesto General del Estado 2020 original que se aprobó el año pasado, el tope de endeudamiento a través de los mercados externos se elevará a 427,713 millones de pesos, mientras que el financiamiento en el mercado doméstico pasará de los 86,312 millones de pesos originalmente definidos hasta 171,511 millones de pesos ahora propuestos por las nuevas autoridades.