Economistas: urge revisar la propuesta de “Modernización Fiscal”

Además de un posible aumento de precios, a un grupo de economistas les preocupa el rumbo que tomará la economía si la propuesta de reforma fiscal no es analizada a profundidad para evitar distorsiones y sobre cargas a sectores productivos.

Ayer, la Oficina Senatorial, dirigida por el senador del Distrito Nacional  Omar Fernández, elevó el diálogo sobre la futura aplicación de una reforma fiscal en el país durante un foro titulado “Diálogo Fiscal, Desafíos y Oportunidades”, en el que participaron los economistas Jaime Aristy Escuder y Mercedes Carrasco; los exfuncionarios de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) Magín Díaz y Germania Montás. Además, el economista  Luis Alberto Rodríguez desde Colombia.

Dentro de los puntos más  apremiantes a analizar, citaron el tema de la construcción, el impuestos al ahorro, la aplicación de  Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) a 120 productos de la canasta básica y otros servicios esenciales y la eliminación de incentivos a sectores productivos en el país.

Respecto al Impuesto de Patrimonio Inmobiliario (IPI), que contempla la propuesta de reforma fiscal, Aristy indicó que lo ideal no sería bajarlo de 10 millones a 5, sino que podría ser de 10 a 7, bajar las tasas y concentrar el proceso de actualización en la parte alta de la curva “para que de esa forma pague más, obviamente, el que tiene que pagar más, que son los segmentos altos de la población”.

Mientras que Montás explicó que la estrategia nunca debió incluir la eliminación de leyes de incentivos. “El trabajo de carpintería que forma parte de una reforma de esta magnitud no se hizo y ese trabajo es arduo, es complejo, y cuando tú tomas una decisión: lo gravo todo o elimino todas las leyes de incentivos, me estoy yendo por un camino muy fácil. Yo creo que al final el resultado no va a ser el deseado”, explicó.

En ese orden, Carrasco  abordó el tema del sector eléctrico y su impacto en el presupuesto, señalando que representa el 40 % del déficit gubernamental, por lo que considera que de abordar esa parte y el aumento del gasto público por el incremento de la nómina, en el país no sería necesario aplicar una reforma de dicha magnitud.

Otro elemento a destacar fue la evasión fiscal, considerada como una de las acciones más apremiantes a desarrollar. Sin embargo, los expertos señalaron falta de gestión y control. “No hay evidencia de que ha habido una gran lucha contra la evasión estos cuatro años, los datos no dicen eso, las recaudaciones están estancadas al nivel del 2019, lo que ha habido es una recaudación extraordinaria”, consideró Díaz.