El sector empresarial y el industrial evaluarán propuesta de reforma fiscal

El sector empresarial e industrial de la República Dominicana está en fase de estudiar la propuesta de reforma fiscal presentada por el gobierno dominicano, que busca implementarse a partir de enero de 2025.

"Estamos revisando y en la mejor disposición de ser parte de ese diálogo", señaló Cesar Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Dijo que "desde el Conep, en amplia consulta, estaremos estudiando esta propuesta a los fines de fijar una posición institucional al respecto".

Para la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), una primera lectura de la propuesta presentada ayer les hace apreciar cierto sesgo anti-industria.

"La prudencia nos manda que esperemos la redacción que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional. Una primera lectura nos hace apreciar cierto sesgo anti-industria. Sin embargo, queremos tener en nuestras manos los elementos que se presentarán al Congreso", añadió.

Asimismo, indicó que están abriendo el espacio para recibir retroalimentación de los socios de la AIRD.

Por su parte, el economista y exgobernador del Banco Central de la República Dominicana, Guillermo Caram, expresó su preocupación respecto a la reforma fiscal presentada por el gobierno, advirtiendo sobre una "grave desproporción" en su enfoque.

Según Caram, la propuesta se centra excesivamente en la vertiente tributaria, convirtiéndola más en una reforma tributaria que en una verdadera reforma fiscal, lo cual considera arriesgado a la luz de experiencias tanto nacionales como internacionales.

Caram subrayó que el presupuesto para 2025 prevé gastos corrientes que superan en 53,000 millones de pesos los ingresos corrientes, lo que representa un 4 % de gastos por encima de los ingresos. Esta discrepancia, afirmó, tenderá a aumentar debido a que la ejecución presupuestaria suele exceder lo programado.

"Un gobierno que presupueste gastar en partidas corrientes más de lo recaudado carece de autoridad moral para imponer nuevos tributos", enfatizó.

Además, Caram señaló que, al considerar las amortizaciones de la deuda pública, las erogaciones superan en 234,000 millones de pesos los ingresos corrientes, es decir, un 18 %. Esto plantea serias dudas sobre la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones financieras, lo que, a su juicio, va en contra del mandato constitucional de mantener una economía sostenible.

Endeudamiento

El economista criticó la dependencia del endeudamiento para cubrir gastos fijos, advirtiendo que esta práctica viola el mandato de una adecuada gestión de las rentas públicas.

"Esperábamos una precisión mayor en las propuestas para reducir el gasto corriente", añadió.

Caram también hizo hincapié en la necesidad de esperar el texto completo de la ley que se presentará, señalando que una evaluación basada en presentaciones visuales puede resultar engañosa, especialmente en lo que respecta a exenciones y eliminaciones tributarias.

• Alertó sobre los efectos adversos que podrían surgir, particularmente en relación con la elusión tributaria.

Indicó que el mantenimiento de impuestos sobre operaciones bancarias y el 18 % del ITBIS podría perpetuar o aumentar la informalidad en la economía dominicana, que ya supera el 50 %.

Según Caram, esta alta informalidad hará que la presión tributaria nunca alcance las metas propuestas, poniendo en riesgo los intentos de racionalización tributaria y fiscal.