Exigen que trabajadores domésticos tengan mejores condiciones laborales en República Dominicana
Representantes piden que un proyecto de ley sea aprobado en el Congreso Nacional
El empleo doméstico en la República Dominicana es un servicio mal valorado. Así lo plantea el Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), que demanda seguro médico para este sector y la firma de un contrato de trabajo que de garantías a los hombres y mujeres que realizan este oficio.
En el Congreso Nacional se volvió a presentar este mes un proyecto de ley con el que, de aprobarse, los trabajadores domésticos pasarían a tener iguales condiciones que los demás asalariados.
“Es muy difícil, porque esos trabajadores no tienen seguro médico, no tienen cesantía, no tienen pensión, no tienen riesgos laborales, no tienen nada. Y lo que dice el Convenio 189 (de la Organización Internacional del Trabajo), que el Congreso ratificó en el 2011, es que debía crearse una ley para hacer posible que los trabajadores domésticos tuvieran el mismo trato que los demás trabajadores”, expresa Luz Eneida Mejía, vocera del MMT.
Dice que la pandemia representó un gran desafío para el sector.
Mayoría son mujeres
Para el tercer trimestre de 2021, en la República Dominicana había 264,778 empleos en el servicio doméstico, según los datos laborales que compila el Banco Central. De ese total, solo el 5.8 % estaba registrado como un empleo formal con beneficios de la seguridad social. El 93 % de los puestos en el sector lo ocupaban mujeres.
De acuerdo con Mejía, el salario promedio en este sector ronda entre los RD$8,000 y RD$20,000.
“El hombre debe ir limpio a la empresa, desayunado, bien alimentado, sin preocupaciones y contento ¿Y quién genera toda esa felicidad? Es el trabajo doméstico que lo genera. Entonces, para que el hombre rinda en la empresa, para que el hombre le de beneficios al empresario, tiene que haber alguien que le garantice llegar en esas condiciones a la empresa. Entonces, hay que pagarles a ellas”, dijo Mejía.
El reciente proyecto, depositado en el Congreso Nacional por la diputada Ivannia Rivera, busca regularizar los contratos y garantizar un futuro económico para los trabajadores domésticos, ya que estipula que los empleadores (en su mayoría hogares) los registren en la Seguridad Social y al final de sus labores tengan una pensión. Además, que al momento de su desvinculación se les entreguen sus prestaciones.
“La ley tiene un valor por encima del dinero, y es que esa es una población que está borrada del escenario económico”, asegura Mejía. “La ley la podría colocar dentro de ese escenario económico. Tiene esa importancia. Y desde el punto de vista de una mujer como trabajadora doméstica, la ley le crea un valor como seres humanos; sería reconocida dentro de su propia familia porque ese es un trabajo al igual que otros”, enfatizó.
En 2019, se sometió otro proyecto de ley, de la autoría de la diputada Gloria Reyes, que buscaba que la relación entre un empleado doméstico y su patrono se formalizara con un contrato, cuyo formato lo ofrecería el Ministerio de Trabajo. Estipulaba que estos tuvieran 14 días de vacaciones remuneradas y 18 días si el contrato tenía de cinco años en adelante.
También, proponía que se establezca un salario mínimo para el sector y que los empleadores inscriban a sus empleados domésticos en la seguridad social.
Pandemia: 85,000 trabajadoras de hogar perdieron el empleo
Eulogia Familia, encargada de política de género de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), entiende que las autoridades dominicanas deben cumplir con el Convenio 189. “Europa, Asia y todo el mundo apoyó ese convenio, porque había regiones donde la situación del trabajo doméstico era muy lamentable, parecía de esclavitud. Aquí tenemos ese gran desafío ahora, que están los planes de modificar el Código de Trabajo y la Seguridad Social”, dice.
Considera que una buena señal es que el gobierno y empleadores tienen en su agenda debatir la inclusión de los derechos de las trabajadoras domésticas en el Código de Trabajo. “El mismo gobierno ha presentado, a través del Ministerio de Trabajo, una propuesta de que se tienen que actualizar los convenios con la OIT que han sido ratificados en el país”, indica.
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