El que quiera mano de obra extranjera debe pagar costo

SANTO DOMINGO. El reglamento migratorio se aplica en el país desde el 19 de octubre del 2011, por lo que próximo primero de junio lo que finaliza es el plazo que se le dio al sector productivo para que inicie el proceso de regularización y legalización del personal extranjero que utiliza.

El planteamiento lo hizo el director de Migración, José Ricardo Taveras, quien citó que ya hay dos empresas que se acogieron al reglamento migratorio y se trabaja con 500 obreros que ingresarán al país con estatus legal y beneficiarios de la seguridad social, que la tendrán que pagar junto a sus patronos.

Taveras, al responder preguntas sobre la inquietud de productores agropecuarios de que la aplicación del reglamento migratorio en junio afectaría la producción nacional, sostuvo que aplicar el reglamento tiene sus costos en toda parte.

Explicó que no se trata de aplicar el reglamento migratorio en junio, ya que la ley es de aplicación inmediata, sino que fue el plazo que se dio para que se pongan al día. "Aplicar el reglamento migratorio tiene sus costos, ya que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene sus tasas para cobrar una visa y eso es así en el mundo entero", dijo .

También la Dirección General de Migración tiene sus costos para la regularización de un estatus migratorio. "Eso tiene costos, ciertamente, como dicen los productores agropecuarios, pero el que produce cualquier rubro hace un presupuesto de mano de obra, y si la necesita extranjera tiene que entender que tiene que cumplir con las leyes migratorias", expuso.

Agregó que si eso tiene un costo, el Estado dominicano estaría en disposición de conversar y de revisarlos para lograr que el proceso a iniciar sea viable.

Seguridad social

Pero no se puede pensar, sostuvo Taveras, que los productores se nieguen a la regularización del estatus migratorio y a la obligación de incluir sus obreros en la seguridad social, que es la obra de reivindicación social más importante que tiene el país y que debe ser fortalecida.

A su juicio, lo que deben entender los productores es que la etapa de la informalidad en el empleo ya pasó, especialmente en materia migratoria. "El que quiera trabajadores extranjeros debe entender que, sin atropellos, conversando, debe cumplir con la ley".

Subsidio

Taveras consideró un error que las autoridades subsidien la regularización de mano de obra extranjera en el país, porque el papel del Estado no es traer obreros extranjeros que compiten con los nacionales en forma desigual.

No cree ni conoce precedentes de que algún país del mundo subsidie a empresarios que ganan dinero para que puedan tener mano de obra extranjera, ya que eso sería iluso. Entiende que de lo que sí se puede hablar es de ver la forma en que se pueda acomodar los costos a los productores y quizás lograr apoyo de algunas ONG que, dijo, viven interesadas en el bienestar de los ciudadanos haitianos que viven en la República Dominicana para que financien la documentación de los haitianos que vengan a trabajar al país.

"Nosotros como Estado podemos dar facilidades, pero abaratar costos es un tema que se puede estudiar, siempre y cuando entiendan que la informalidad en el trabajo atenta contra el sistema de la seguridad social", afirmó.

Asimismo, dijo que atenta contra el Estado, que gasta miles de millones de pesos al año curando a ciudadanos extranjeros en el sistema de salud en forma gratuita, y los dominicanos para que sigan cotizando para financiar los negocios de unos cuantos que no quieran legalizar el estatus a sus trabajadores.

Mensaje

José Ricardo Taveras aseveró que los sectores productivos lo que tienen que hacer es acercarse a la Dirección de Migración. "Eso no es objeto de discusión, porque saben que "hemos estado abierto y cooperando para ayudarles a abaratarles costos", aseguró.

"Nosotros no podemos pagar el costo de visas, carta de conducta y pasaporte", dicen productores, pero Taveras argumenta que la Ley de Migración y el reglamento manda a que se cobre un seguro, y no se está aplicando, por lo que los productores, en vez de denunciar el inicio del reglamento o estatus migratorio como algo grave, lo que deben es sentarse a presupuestar, pues nadie puede decir que se le imposibilita operar un negocio porque lo va a quebrar el pago a la seguridad social.

Los productores agropecuarios se quejaron que por cada visa para tener un trabajador haitiano, tendrán que pagar US$90. Citaron que una empresa bananera tuvo que pagar US$14 mil por 156 haitianos, para cumplir con los requisitos de la ley migratoria y europeos, pero que algunas áreas agropecuarias, que usan a obreros haitianos por una o dos semanas no pueden cargar con ese costo tan alto. El costo por persona sería de cerca de RD$20 mil, y si no cumple, multa de RD$60 mil a RD$300 mil.