Decisión trascendental

La decisión de invertir en plantas estatales de generación de electricidad será recordada y debatida en el futuro. Tendrá críticos y defensores, e implicará un cambio sustancial en la estructura del sector.

Constituye un segundo golpe al esquema original de privatización, que se suma al de la reversión al Estado de las distribuidoras. La diferencia es que incide sobre la parte del sistema que es más rentable para el sector privado. Desde el inicio de la privatización no hubo gran interés en la distribución, como demostró el resultado de su licitación, y al final los que la manejaban querían dejarla. No sucede así con la generación.

Los generadores privados señalan que el gobierno debería dejar que sea el sector privado quien invierta en nuevas plantas, utilizar sus recursos para otros tipos de asuntos como la educación y la salud, y dedicarse a mejorar la transmisión y el cobro de la energía. La CDEEE, por el contrario, afirma que es perentorio cambiar la composición de la generación, alejándola de los derivados del petróleo y acercándola al carbón y al gas natural. Y añade que el Estado lo hará porque el sector privado no ha hecho las inversiones necesarias.

Lo que se diga en el futuro sobre la decisión dependerá de cómo el Estado maneje sus nuevas plantas, desde el costo y plazo de su construcción, hasta su posterior operación y mantenimiento. Si es eficiente y logra rebajar el costo de la generación, reivindicará su decisión, frenará las ganancias excesivas de los generadores privados y creará una dinámica positiva en todo el sistema y en la propia economía nacional. Si, en cambio, contamina la generación con mal mantenimiento y utiliza su participación en ella para forzar tarifas irreales y repartir sus pérdidas de operación, transmisión y distribución, terminará ahuyentando la inversión privada y volviendo a la situación que motivó la privatización original.