Control de Pro Competencia, donde se libra la lucha contra oligopolios en RD

SANTO DOMINGO. Una de las promesas de campaña del presidente Danilo Medina, incluida en su Plan de Gobierno, fue “fortalecer la recién creada Comisión Pro Competencia, para impulsar el funcionamiento eficiente de los mercados y eliminar distorsiones, y evitar abusos de posición dominante”.

El 14 de julio, faltando semanas para cumplir la primera mitad del período constitucional de su Gobierno, el mandatario somete al Senado la plancha para completar los miembros del Consejo Directivo de Pro Competencia, para que ese hemiciclo sustituye a los que se le había cumplido su período de gestión el 27 de abril de 2013.

El Presidente también envió otra plancha a la Cámara de Diputado el 7 de mayo pasado, para que nombraran a la persona que sustituyera al integrante del Consejo Directivo cuyo periodo se había cumplido en febrero.

Al siguiente día, los diputados designaron al licenciado Marino Hilario Castillo en ese puesto, de acuerdo con lo que manda la Ley General de Defensa de la Competencia (la no. 42-08). Sin embargo, en el Senado, la Comisión Permanente de Industria, Comercio y Zonas Francas, que preside el senador Charles Noel Mariotti Tapia (PLD-Monte Plata), engavetó el expediente por más de 13 meses, mientras proclamaba en público que la Ley de Competencia “nunca ha existido”.

El senador sabía lo que decía. El artículo 67, de la Ley 42-08 dice lo siguiente: “La presente ley, entrará en vigor inmediatamente sean nombrados el Consejo Directivo y el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”. En otras palabras, dependía del senador Mariotti y de la comisión que preside, que la Ley entrara en vigor, y que Pro Competencia pudiera operar plenamente bajo su Ley. También bastaba que no los nombrara para que esa Ley no existiera.

Contra la Ley

Tras más de 13 meses de espera, el presidente Danilo Medina retira la plancha, y somete una nueva, el 20 de agosto pasado. En la plancha se destaca Laura María del Castillo Saviñón, que está en el segundo lugar de lista de cinco, y que es hermana de José del Castillo Saviñón, titular de Industria y Comercio, ministerio al que Pro Competencia está “vinculada orgánicamente”.

Además, el artículo 28 de la Ley, en su párrafo “d” excluye de la posibilidad de ocupar un puesto en el Consejo Directivo de Pro Competencia a quienes tenga hasta el cuarto grado de consanguinidad o vínculo de afinidad hasta el segundo grado: o sea, hermano y hermana.

De fuentes se sabe que la introducción al Senado de una segunda plancha es el desenlace de una pugna que un contexto de silencio empresarial y político se desarrolla desde hace unos años para controlar a Pro Competencia.

Oligopolios

Un informe de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) arroja luz sobre lo que está en juego.

Tras aplicar el Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) a las informaciones sobre las declaraciones juradas de 254,345 contribuyentes, la DGII descubrió que el 43% se agrupa “en la escala alta y moderada” concentración. Además, descubre que “a mayor concentración de mercado se observa una mayor rentabilidad de la actividad económica”.

“Cuando las empresas se encuentran en una posición que les permite controlar su mercado, tienden a condicionar precios y a alterar los mercados en búsqueda de beneficios mayores”, explica la DGII. Y eso es causa en gran parte de que la economía dominicana sea tan cara, en perjuicio de los consumidores.

Los mercados altamente concentrados, que son los dominados por unas pocas empresas, en República Dominicana representan el 30% de la muestra de la DGII.

Entre los monopolios u oligopolios no naturales en el país, destacan en orden descendente las administradoras de fondos de pensiones, industria de las cervezas, la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, la elaboración de azúcar, la industria básica de hierro y acero, la elaboración de productos lácteos, la explotación de minas y canteras, la fabricación de jabones y detergentes, la fabricación de cemento, cal y yeso, las administradores de riesgos laborales, y productoras de bebidas alcohólicas.

¿Les parecen caros sus productos? Ya saben por qué.