Contratación de ciberseguridad

A finales del 2018, una declaración del recién designado ministro de ciberseguridad de Japón provocó una gran sorpresa. El ministro, en un encuentro con legisladores, admitió que nunca había utilizado una computadora en su vida. Como explicación indicó que desde los 25 años de edad había sido independiente, teniendo secretarias y asistentes que se encargaban de operar con los equipos.

Ese episodio, ocurrido en el sector gubernamental, es un ejemplo de una situación que se reproduce también en el sector privado. Los avances tecnológicos en materia de informática han sido tan veloces que gran parte de los principales ejecutivos empresariales carecen de los conocimientos necesarios a ese respecto, teniendo que recurrir a otros funcionarios para que se encarguen de los trabajos.

La delegación de funciones, lógicamente, ha sido practicada desde hace siglos en los negocios, abarcando desde mecanógrafos y contadores hasta vendedores, técnicos de mantenimiento y operarios de maquinarias. La magnitud de dicha delegación está vinculada con la dimensión de la empresa, creciendo ambas a la par, pero usualmente no representa problema alguno si el nivel de operaciones lo justifica.

La diferencia en el caso de la informática proviene del hecho de que se está haciendo imposible, aun para los pequeños negocios, operar fuera de su ámbito, lo que genera vulnerabilidades que pueden afectarlos. Eso implica que si los directivos de esas empresas, muchas veces sus propietarios, no poseen los conocimientos requeridos, deberían contratar servicios de ciberseguridad para proteger con efectividad sus datos, recursos y transacciones, y esos servicios tienen un costo que frecuentemente sobrepasa sus límites presupuestarios.

El resultado suele ser que los mecanismos de seguridad establecidos sean insuficientes, poniendo en riesgo no sólo a dichos pequeños negocios sino también a sus clientes y proveedores, en la medida en que éstos interactúan con ellos.